Estas son las empresas que Salvatore Mancuso señaló como promotoras del paramilitarismo en Colombia

Durante cuatro días, Salvatore Mancuso rindió audiencia única de verdad ante la JEP, con lo que ha desencadenado una tormenta mediática y en la opinión pública, debido a todos los nombres de personajes de la vida pública, entre ellos, políticos y altos mandos de las fuerzas armadas. En sus declaraciones tampoco han faltado personas jurídicas, es decir, empresas y compañías que, de acuerdo con su versión de los hechos, estuvieron vinculadas en proyecto paramilitar y el fortalecimiento de grupos como las Autodefensas Unidas de Colombia.

Según Mancuso, el armamento, vehículos, uniformes y equipos de comunicaciones no solo fueron financiados a través de economías ilícitas como el narcotráfico y el secuestro; sino a través de transacciones y aportes hechos por empresas legalmente constituidas.

Esa última versión no solo fue mencionada por el excomandante del Bloque Catatumbo de la estructura paraestatal; testimonios de otros jefes de autodefensas y documentos como el Informe Final de la Comisión de la Verdad amplían esas afirmaciones. Compañías bananeras y petroleras son las principales dentro de esas menciones; sin embargo, Mancuso entregó como aporte novedoso el involucramiento de grandes empresas estatales.

Aunque la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no tiene como objetivo juzgar a empresas por presunto apoyo a grupos armados ilegales, los empresarios, voluntariamente, sí pueden someterse a este tribunal por conductas directamente relacionadas con el conflicto armado interno. En el marco de la JEP, quienes comparezcan o se sometan, pueden mencionar a otros actores, siempre y cuando muestren evidencia de lo asegurado.

De acuerdo a esto, en sus declaraciones Mancuso incluyó también al sector privado, en particular a empresas de renombre nacional como Postobón, Bavaria y Coca Cola, acusándolas de apoyar el proyecto paramilitar.

Estas declaraciones se presentaron el primer día de audiencia, cuando el exparamilitar mencionó que empresas bananeras asentadas en Urabá financiaron en gran medida a grupos privados de seguridad, las llamadas Convivir, a cambio de protección ante ataques guerrilleros. Afirmó que la Convivir Papagayo estuvo respaldada por compañías bananeras nacionales y extranjeras.

Mancuso dijo a la JEP que: “A través de Papagayo hubo casi 200 empresas bananeras que mediante esa Convivir apoyaron con tres centavos de dólar a las Autodefensas. De esos, iba un centavo para las Autodefensas, otro para el Ejército y otro para la Convivir por cada kilo que se exportaba. Lógicamente, esto sumó millones de dólares”.

El excomandantes de las AUC habló de la complicidad de Banadex, empresa filial de Chiquita Brands, también de Banacol, Unión de Bananeros de Urabá, y Augura, entre otros. También dijo que por Urabá entraron “ocho mil fusiles por lo menos, y millones de cartuchos” y que esa Convivir actuó como bisagra en el desarrollo de estructuras paraestatales.

¿Ecopetrol estuvo involucrado?

Mancuso dijo a la JEP que la compañía estatal más grande del país permitió a paramilitares extraer petróleo que luego era vendido bajo apariencia de que fue sacado de oleoductos de forma legal. En la diligencia, mandos de “alto nivel” tenían conocimiento de esas operaciones y ayudaban a coordinarlas. Sobre esto, el exjefe paramilitar se comprometió a entregar más información de los hechos, como nombres de esos funcionarios que permitieron la extracción del combustible.

El caso de Bavaria, Postobón y Coca Cola

Las empresas salpicadas en “relacionamientos” con paramilitares, según Mancuso, “que yo recuerde sí: personas jurídicas. Estuvo Postobón, Bavaria, Coca Cola”. Aunque no aportó mayor información sobre estas relaciones de empresas con la expansión de estructuras paraestatales, también acordó entregar más datos relevantes sobre aquellas afirmaciones.

Al respecto, Mancuso aseguró: “Puedo decirle, de Postobón, que pagaba 10 millones de pesos mensuales, que era un acuerdo directo, porque ellos tenían distribución directa, y que se hacía en los distintos departamentos donde operamos”.

Sin embargo, no es la primera vez que Postobón es mencionada por exparamilitares. Anteriormente, Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino, excomandante del Bloque Montes de María de las AUC, ya había mencionado que esta empresa desembolsaba 10 millones de pesos directamente al jefe de finanzas de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. El otrora líder de las Autodefensas en Urabá, Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, también dijo que la empresa había concretado un acuerdo de pagos por seguridad, el cual había sido avalado por los hermanos Castaño.

Desde entonces la compañía colombiana ha negado los nexos con cualquier actividad ilegal, sobre esto Mancuso se comprometió a ahondar en esas versiones, reavivando la sospecha sobre las actividades de Postobón.

En el caso de Coca Cola, se sabe que a comienzos de siglo líderes sindicales interpusieron ante la justicia de Estados Unidos una demanda por presuntas alianzas entre la multinacional y agentes paramilitares. Sin embargo, ese recurso no tuvo el efecto esperado en esos tribunales. Aun así, la ONU criticó al Estado colombiano en 2020 por no ahondar en esas investigaciones.

Con estos hechos se relaciona el caso de Adolfo Múnera, trabajador de una embotelladora afiliada a Coca Cola Barranquilla e integrante de la junta directiva del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria Agroalimentaria. Múnera fue asesinado en esa ciudad en 2002. Según cifras de ese movimiento de trabajadores, 67 de sus integrantes fueron amenazados de muerte y 38 tuvieron que huir de sus ciudades. Asimismo, han denunciado que fueron señalados como “guerrilleros”, incluyendo el propio Múnera, señalado por supuestamente pertenecer al ELN y cuya pesquisa se cerró en 1999 por falta de pruebas.

Hay otras empresas comprometidas con los paramilitares, según expuso Mancuso, como Drummond. Pese al revuelo en la opinión pública, su testimonio no fue novedoso, puesto que en el Informe Final de la Comisión de la Verdad también se detallaron las alianzas entre esa compañía y el Bloque Norte de las Autodefensas para fortalecer su expansión carbonera en Cesar.

En el capítulo ‘Hasta la guerra tiene límites’ se detalló que desde 2006, que la multinacional estadounidense financió a las Fuerzas Militares en conjunto con otras multinacionales a través de acuerdos que sumaron casi 5.000 millones de pesos. En 2012, estos acuerdos de cooperación entre el Ejército y las multinacionales generaron serias violaciones a los derechos humanos, como asesinatos contra parceleros en Mechoacán y El Prado, centros mineros del Cesar.