Exdirectivos de Mineducación son investigados por la Procuraduría por irregularidades en adjudicación de un contrato

La Procuraduría General de la Nación profirió cargos contra la exsecretaria general del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y dos exdirectivos más por posibles irregularidades en la adjudicación de una licitación a UNE- EPM Telecomunicaciones, por más de $3.400 millones, informó el ente de control.

Los exdirectivos son Dalila Astrid Hernández Corzo, quien en se desempeñó como subdirectora de contratación del MEN; Karen Ezpeleta Merchán, y Roger Quirama García, quienes se desempeñaron como jefes de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información.

“Los hechos están relacionados con un contrato de nube privada para el MEN y secretarías de educación que fue adjudicado a la empresa UNE- EPM Telecomunicaciones tras considerar, al parecer, de manera errada, que era la oferta más favorable, pues ocho de los ítems a contratar, no incluían el Impuesto de Valor Agregado (IVA) que sí deberían tener, por lo que resultó inferior a las demás”, afirmó la Procuraduría General de la Nación sobre estos hechos.

Se conoció que la oferta se adjudicó por más de $3.400 millones cuando el valor real debió ser superior a los $ 4 mil millones, explicó la institución.

Por estos hechos, la Procuraduría formuló cargos a Hernández Corzo, quien habría adjudicado “la respectiva orden de compra a la oferta que no era más favorable en términos financieros para ese organismo, violando al parecer, el deber de selección objetiva”, se manifestó.

Adicionalmente, el documento de estudio previo, al referirse a los servicios de nube contratados, señaló que “todos los servicios requeridos por el Ministerio se encuentran gravados con el impuesto del IVA (…) situación que se pasó por alto al momento de adjudicar la orden de compra que nos ocupa”, afirmó la Procuraduría por medio de un comunicado oficial.

El ente disciplinario también formuló cargos a la exsubdirectora de contratación del Ministerio porque, presuntamente, no verificó el cumplimiento de los requisitos en la presentación de las ofertas ni procuró para que la orden de compra fuera adjudicada de acuerdo con los estudios previos emitidos por su dependencia.

Por último, la Procuraduría General de la Nación “cuestionó al exjefe de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información y supervisor dentro de la cuestionada orden de compra, quien presuntamente vulneró el deber de selección objetiva por haber suscrito el documento en la que salió favorecido UNE EPM Telecomunicaciones”.

La Procuraduría calificó provisionalmente la conducta de estos tres exservidores como falta gravísima a título de culpa gravísima, se informó.