Exfuncionarios de la Presidencia no aceptaron cargos por complot contra la Corte

César Mauricio Velázquez y Edmundo del Castillo se declararon inocentes por el escándalo de las 'chuzadas'.

La Fiscalía General de la Nación les imputó cargos al ex Jefe de Prensa de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez y al ex Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Edmundo del Castillo, y a los abogados Diego Álvarez Betancour y Sergio Augusto González, implicados en la supuesta organización de un complot para desprestigiar a un grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La diligencia se llevó a cabo en el Complejo Judicial de Paloquemao, donde tuvieron que asistir Del Castillo, Álvarez y González, mientras que para Velásquez la Fiscalía coordinó con el consulado de Colombia en Roma los recursos tecnológicos para que se realizara por videoconferencia, pues el exfuncionario se encuentra radicado en Roma. De acuerdo con la Fiscalía, hubo cinco planes para difamar contra magistrados durante el Gobierno del presidente Álvaro Uribe. Para el ente acusador los dos exfuncionarios "estuvieron al tanto de recopilar información privada de los magistrados, una actuación que no podía estar a cargo de ellos porque para ese entonces, la única entidad que podía investigar era la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes". Entre esos planes se encuentra la reunión que se presentó en la Casa de Nariño con el excomandante paramilitar Severo Antonio López Jiménez, alias Job, en abril 2008, en la que él iba a denunciar una supuesta investigación contra el Presidente de la República en las altas Cortes. Otros de los supuestos planes nombrados por la Fiscalía fue el llamado ‘Plan Paseo’, en el que los magistrados, al parecer, fueron invitados por Ascencio Reyes, un empresario huilense señalado de tener vínculos con el narcotráfico. La Fiscalía señaló que los exfuncionarios del Gobierno conocieron los seguimientos financieros ilegales, que hizo la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) a las cuentas de los magistrados. Cuando la juez 65 de Control de Garantías se dispuso a preguntar a los dos exfuncionarios del Gobierno Uribe si habían participado en los hechos, los imputados no aceptaron su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y violación ilícita de comunicaciones. La Fiscalía solicitará medida de aseguramiento no intramural para los dos exfuncionarios y los dos abogados.