Federico Gutiérrez solicitó a entes de control una “vigilancia especial” al Metro de la 80 tras reducción de presupuesto

Muchas controversias se han generado hacia el Gobierno Nacional el decreto del Presupuesto General de la Nación que aplaza para este 2025 los recursos para proyectos de infraestructura en distintas ciudades del país, entre ellos, el Metro de la 80 en Medellín.

En ese sentido, se conoció que el alcalde de la capital de Antioquia, Federico Gutiérrez, envió una carta a la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación con el propósito de solicitar una vigilancia especial hacia el proyecto mencionado en lo que respecta al contrato firmado con el Gobierno.

Según el mandatario local, una de las razones de la solicitud es porque el Decreto 069 de 2025 pondría en riesgo la continuidad de la ejecución del Metro de la 80.

“El incumplimiento de los aportes de la vigencia 2024, y el aplazamiento de los desembolsos de los aportes de la vigencia 2025 de la Nación tal y como se plantea en el decreto referido, pondría al proyecto en riesgo de no continuar con su ejecución, lo que podría generar inconvenientes sociales y económicos, dado el estado de avance de la gestión predial requerida y la imposibilidad de ejecutar las obras contratadas”, argumenta Gutiérrez en su misiva dirigida al contralor Carlos Rodríguez y el procurador Gregorio Eljach.

Asimismo, resaltó que entre las apropiaciones aplazadas en el Presupuesto General de la Nación se incluyó la partida que corresponde al proyecto, que tiene un valor de $497.630 millones, incluido el valor del incumplimiento de los aportes de la vigencia del 2024 que fue de $483.135 millones.

“La afectación por el no giro de los recursos de la Nación, especialmente en las vigencias 2024 por valor de $483.135.949.879 pesos y, la vigencia 2025 por valor de $497.630.028.376, podrían derivar en un perjuicio económico que alcanzaría como mínimo un valor de $1.5 billones de pesos, asociados a una eventual aceleración del crédito, la compra de predios por las ofertas realizadas a los moradores, costos judiciales, cláusulas penales y el impacto por la terminación de los contratos”, advirtió.

En cuanto a la gestión predial, el mandatario de los medellinenses resaltó que estaría en riesgo el pago de lo que ya se ha pactado, como lo son las indemnizaciones y los predios. Del mismo modo, se generarían acciones judiciales, lo que significa que habría demandas contra la administración distrital, la gestora del proyecto y el mismo Gobierno Nacional por parte de los negociadores de los predios.

Finalmente, Federico Gutiérrez alertó que “los aproximadamente 807 empleos generados hasta la fecha por el proyecto estarían en riesgo de continuidad”.