Fedetranscarga hace llamado al Gobierno por paro minero y campesino en varios departamentos: “traerá consecuencias nefastas”

Desde Fedetranscarga, la federación que representa a los empresarios del transporte de carga, pidieron al Gobierno avanzar en acuerdos con los manifestantes que mantienen bloqueos en seis departamentos del país desde el pasado lunes, 21 de octubre.

En corredores de Boyacá, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Caldas y Córdoba se han presentado manifestaciones del sector minero y agrícola en los últimos tres días.

Según un comunicado publicado por el gremio de transporte este miércoles, los líderes del paro minero y campesino reclaman la presencia del presidente Gustavo Petro y del viceministro para el Diálogo Social, Gabriel Rondón, para cesar los bloqueos viales en distintos puntos del país.

“Pese a la numerosa cifra de cierres viales dados en razón de las demandas de quienes, aún no se cuenta con la presencia del Gobierno, prolongando los bloqueos y aumentando a su vez la concentración de la población”, advirtió la federación en un comunicado.

Fedetranscarga, además, recordó que los corredores que permanecen bloqueados son estratégicos para el transporte de productos agrícolas, minería e hidrocarburos.

En caso de que estos cierres se prolonguen, agregó el comunicado, “traerán consecuencias nefastas como un posible encarecimiento de los productos básicos y la canasta familiar, deterioro de productos perecederos entre otros, atados directamente a la economía de los colombianos y del país en general”.

Ante las protestas que persisten en distintas regiones, las administraciones municipales han intermediado para buscar que el Gobierno responda a las peticiones de los manifestantes.

¿Qué hay detrás de la protesta?

La protesta, que coincide con la realización de la COP16 en Cali, busca una respuesta del Gobierno sobre la falta de cumplimiento en la formalización de la minería, situación que afecta gravemente a quienes dependen de esta actividad.

Los manifestantes reclaman que el presidente, Gustavo Petro, no ha cumplido con sus promesas de regularizar la minería ilegal, lo que ha llevado a condiciones precarias de trabajo.

El reciente decreto 1035 de 2024, que autoriza a la Fuerza Pública a incautar maquinaria amarilla utilizada en actividades mineras exacerbó el malestar, puesto que alrededor del 70% de las unidades productivas del sector depende de este tipo de aparatos para su subsistencia.

*Con información de Colprensa.