Fertilización in vitro: Corte fijó criterios en casos de revocatoria del consentimiento

La Corte Constitucional estableció este martes nuevas reglas sobre cómo manejar el cambio de opinión en casos de fertilización in vitro, cuando una de las partes ya no desea continuar con el procedimiento.

La decisión surge tras la revisión de una tutela presentada por “Camila”, una mujer de 39 años, quien, junto a su entonces esposo “Andrés”, había iniciado un tratamiento para ser madre mediante esta técnica.

El caso comenzó cuando la pareja, que había optado por utilizar un embrión fecundado con un óvulo donado y el esperma de Andrés, firmó un consentimiento informado para proceder con el tratamiento.

Sin embargo, días antes de la transferencia del embrión al útero de Camila, Andrés informó a la clínica su decisión de no continuar, debido a que estaban en proceso de divorcio. En respuesta, la clínica detuvo el procedimiento.

Camila interpuso una acción de tutela contra la clínica, el médico y Andrés, argumentando que la suspensión del tratamiento violaba sus derechos, especialmente porque consideraba que esta podría ser su última oportunidad de convertirse en madre gestante. Solicitó que la Corte ordenara la transferencia del embrión, invocando un precedente judicial que había favorecido a una mujer en una situación similar.

La Corte, al evaluar el caso, determinó que el consentimiento informado firmado por la pareja carecía de información clara y suficiente sobre los derechos y obligaciones de ambos, así como sobre los procedimientos a seguir en caso de desacuerdos.

Aunque el documento incluía una cláusula que permitía a una de las partes revocar su consentimiento, la Corte concluyó que el consentimiento no era adecuado debido a la falta de explicaciones detalladas.

En su fallo, la Corte subrayó que, si bien la decisión de Andrés afectaba a Camila, esta aún tenía la posibilidad de ser madre gestante con otro donante de material genético.

Por otro lado, obligar a Andrés a proceder con la transferencia del embrión en contra de su voluntad sería más perjudicial, ya que involucraba el uso de su material genético sin su consentimiento. Así, la Corte decidió que no se debía ordenar la transferencia del embrión.

Además, la Corte destacó que la clínica había cometido errores al no proporcionar información suficiente y clara en el consentimiento informado. Por ello, ordenó que se ofreciera a Camila un nuevo procedimiento de fertilización in vitro sin costo alguno, como medida compensatoria por las deficiencias en el manejo del caso.

Finalmente, la Corte reiteró la necesidad de que el Gobierno nacional y el Congreso de la República regulen integralmente las técnicas de reproducción asistida. La Corte insistió en que dicha regulación debe incluir protocolos claros sobre cómo manejar la revocatoria del consentimiento, asegurando así la protección de los derechos de todas las personas involucradas en estos procedimientos.

*Con información de Colprensa.