Fiscalía anuncia apertura de investigación por seguimientos a profesor de la esposa del comandante del Ejército

La Fiscalía General de la Nación anunció este domingo la apertura de una investigación luego de que la revista Semana revelara presuntos seguimientos ilegales a Leonardo Colmenares, profesor de inglés de la esposa del comandante del Ejército Nacional, el general Luis Mauricio Ospina.

“Con ocasión de los hechos puestos en conocimiento por un medio de comunicación, relacionados con seguimientos y otras actividades de inteligencia realizadas por un grupo de militares en contra de un profesor de inglés, se abrió investigación a través de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales”, indicó el ente acusador en un comunicado.

Dicho fiscal, según la entidad, estará acompañado de expertos y “ordenará los actos investigativos que considere necesarios para esclarecer lo ocurrido y tomar las decisiones que correspondan, en atención a lo establecido en la normatividad penal vigente y en el pleno ejercicio de su autonomía e independencia”.

La Fiscalía señaló que reafirma “el compromiso de investigar cualquier actuación en la que se use la inteligencia del Estado para beneficio personal, en menoscabo de las garantías constitucionales y del debido proceso que les asisten a los ciudadanos”.

Este domingo la Procuraduría General también anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el comandante del Ejército por los mismos hechos.

“De acuerdo con las denuncias publicadas en medios de comunicación, el alto mando militar, presuntamente, habría abusado de sus funciones y habría ordenado utilizar los servicios de inteligencia y contrainteligencia del Ejército para fines personales”, expresó la Procuraduría.

Según la información de Semana, el Ejército habría hecho pasar a Colmenares por un integrante del frente, Carolina Ramírez, de las Farc de Iván Mordisco, para poderlo rastrear a partir de la ubicación de su teléfono celular.

“Dentro del análisis del ente de control, se determinará si, además, el general Ospina, habría ordenado un montaje, acusando sin prueba alguna a un ciudadano de pertenecer a un grupo al margen de la ley, y así justificar dichos seguimientos”, agregó la Procuraduría.

“La Procuraduría comprobará, a través de la recolección de testimonios, pruebas y documentos, si el actual comandante del Ejército habría incurrido en faltas disciplinarias, al abusar de su poder y usar los servicios de inteligencia y contrainteligencia, así como utilizar a subalternos, para fines alejados a los de la institucionalidad”, sostuvo el Ministerio Público.

De acuerdo con Semana, el profesor Colmenares llevaba cuatro años frecuentando a la esposa del general Ospina, desde 2019, cuando fue su profesor de inglés. Luego solo se veían como amigos.

El comandante del Ejército reconoció al medio de comunicación que él dio la orden de investigar al ‘teacher’ y culpó a sus subalternos de cualquier irregularidad que hubiesen podido cometer en este caso.

El sábado el Ejército emitió un comunicado en el que se dice que el alto oficial sí podía hacer lo que hizo. “Las misiones de Inteligencia y Contrainteligencia son diferentes; están claramente consignadas en la Ley Estatutaria 1621 de 2013. En el caso específico de la función de Contrainteligencia, las actividades buscan anticipar, prevenir, detectar y neutralizar acciones para proteger al personal, las instalaciones, el material y la información”.

Si embargo, en el documento no se explica por qué la trazabilidad demuestra que al docente lo siguió un grupo de tres miembros de inteligencia y contrainteligencia para investigar sus encuentros con Lorena Ospina, esposa del general Ospina. Por el contrario, eluden la razón por la cual lo siguieron

“Es allí donde se sustenta la facultad del comandante del Ejército para ordenar a la Unidad Militar de Contrainteligencia adelantar actividades de verificación, frente a una información que alerta sobre una posible vulneración de la seguridad e integridad del Comandante y su núcleo familiar, y, de manera general, a la comunidad que vive y transita diariamente en los cantones militares y académicos ubicados al norte de la capital”, señala el comunicado.

“Las acciones de verificación amparadas en el ordenamiento jurídico vigente, que no corresponden a una operación de Contrainteligencia, finalizaron el pasado mes de agosto sin elementos de juicio para continuarlas”, agrega el texto.

Sin embargo, aunque el Comando del Ejército reconoce que no encontraron nada, el documento dice: “No obstante, ello permitió evidenciar novedades y debilidades en los sistemas y procedimientos de control de acceso personal y vehicular a las instalaciones militares, razón por la cual se ordena el fortalecimiento de los mismos no solo en la ciudad Bogotá, sino en todo el país”.