Fiscalía condenó a seis años de prisión a seis exempleados de la desaparecida Telecom por fraude procesal

La Fiscalía General de la Nación logró la condena de seis personas que recibieron indemnizaciones de forma ilegal de la desaparecida Telecom.

A través de un comunicado en la red social X, el ente judicial dio a conocer que a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción un fiscal encontró los argumentos contundentes que demostraron que Gladys María Montes Montiel, Naver Emelson Garrido Martínez, Rodrigo Antonio López Villegas, Remberto Ballestas Mendoza, Neftalí Carmelo Zapata Suárez y Benjamín José Corrales Benítez, participaron en un entramado delincuencial para defraudar el patrimonio de la desaparecida Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom.

Por esta razón un juzgado penal de conocimiento de Montería, Córdoba, condenó a estas personas a seis años y dos meses de prisión, y los declaró responsables del delito de fraude procesal. Adicionalmente, les impuso una multa equivalente a 200 salarios mínimos mensuales legales e inhabilidad para ejercer funciones públicas por 60 meses.

En el comunicado emitido por la Fiscalía se explica que en la investigación se logró establecer que el 28 de noviembre de 2008, ante un juzgado promiscuo de Cereté, Córdoba, los extrabajadores presentaron una tutela para exigir el pago de salarios y prestaciones sociales, que no les fueron reconocidos por el levantamiento de su fuero sindical y posterior despido.

“Esa pretensión les fue aceptada y confirmada en segunda instancia, por lo que la empresa encargada de la liquidación de Telecom desembolsó a cada peticionario los dineros que les correspondía. Sin embargo, el 27 de abril de 2009, las mismas personas interpusieron una segunda tutela ante un juzgado de Montería solicitando una nueva indemnización por los mismos hechos”, señala el documento.

Asimismo, se explica en el comunicado que como el recurso fue fallado y ratificado a favor de estas seis personas, la liquidada Telecom acató el fallo e indemnizó a los exempleados y les entregó millonarias sumas de dinero.

“Posteriormente la Corte Constitucional declaró improcedente la segunda acción de tutela y revocó la decisión, señalando que los accionantes indujeron en error al juez, afectaron el patrimonio de la entidad y se les ordenó el reintegro de las sumas adicionales que les fueron entregadas”, concluye el documento.