Fiscalía imputará cargos a funcionario de la Alcaldía de Claudia López por escándalo de furgones convertidos en ambulancias

La Fiscalía llamó a imputación de cargos a José Andrés Álvarez, exdirector del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Bogotá, por el escándalo de camiones usados como ambulancias durante la Alcaldía de Claudia López.

En contratos celebrados desde el año 2020, la Administración efectuó la compra de furgones por 36 mil millones de pesos. Sin embargo, desde varios sectores, incluido el Concejo de Bogotá, denunciaron que los vehículos no cumplían con las características técnicas necesarias.

La Fiscalía ya solicitó ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao la audiencia de imputación de cargos en contra del exdirector del Crue. En la diligencia, que se realizará el próximo 28 de mayo, se revelarán las pruebas que demostrarían que el funcionario al frente del cuestionado contrato incurrió en peculado.

Durante meses, la Fiscalía 212 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Bogotá hizo seguimiento al proceso de contratación, desde su inicio. De la misma manera, recopiló testimonios de algunos funcionarios involucrados.

“Es claro que los estudios previos fueron suscritos por el director de urgencias y emergencias en salud, José Andrés Álvarez, quien aprobó su contenido relacionado con los aspectos técnicos y fichas técnicas de cada una de las ambulancias”, indica el informe de los investigadores en poder de SEMANA.

Las pesquisas dejaron al descubierto la existencia de fallas en el sistema de algunas ambulancias y la inadecuada supervisión, como lo evidenció en su momento la auditoría que adelantó la Contraloría de Bogotá.

Estas omisiones llevaron a “recibir unas ambulancias que no corresponden con las características técnicas del objeto contratado que muestran inconsistencias en sus sistemas de identificación y que no presentan un buen funcionamiento acorde con la necesidad que se pretendía satisfacer”.

La investigación arrojó que en algunos vehículos, los elementos de identificación como número de serie, número de identificación vehicular y número de motor no correspondían a las placas.

Sumado a esto, la Contraloría advirtió que “no se garantizó el principio de interés general, la adecuada inversión, ni el beneficio social esperado”, por lo que se generó un detrimento al patrimonio público de la ciudad.

Más allá de los posible sobrecostos, la operación de ambulancias sin todas las condiciones técnicas, al parecer, puso en riesgo el traslado de pacientes. Así lo evidenció uno de los testigos que habló con los investigadores de la Fiscalía.

“El vehículo en tránsito con todas las luces prendidas, en traslado con paciente, al conectarle todos los aditamentos, se apagaba de un momento a otro. En ocasiones, cuando el paciente se encontraba muy grave, al apagarse el vehículo, se empeoraba su situación. Hay testigos de pacientes que por fallas de los vehículos perdieron su vida”, señala la investigación.

“La falla más evidente era que los catalizadores se taponaban; como solución, los técnicos mecánicos de la subred le colocaban un tornillo que generaba una fuga de gas, la cual afectaba a los conductores, operadores y pacientes. Hasta las puertas de estos carros nuevos se abrían solas”, dice otro de los testimonios.