Fiscalía imputó a exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, por contratos que habrían favorecido a personas que apoyaron su campaña

La Fiscalía General de la Nación imputó este lunes ante el Tribunal Superior de Bogotá al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, por el posible direccionamiento de contratos en favor de aportantes a su campaña electoral. Ante esto, el ente investigador le imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que no fueron aceptados.

“No me allano a los cargos que se me imputan”, fue la respuesta que dio el exmandatario departamental a la pregunta realizada por uno de los magistrados.

Según el expediente, se investigan dos convenios interadministrativos suscritos por la gobernación con el canal público de televisión regional (TRO). El primero de estos fue suscrito el 11 de septiembre de 2020; y el segundo, el 18 de mayo de 2021. El valor total sería de 8.593 millones de pesos y su objeto habría sido estipulado para posicionar la imagen institucional, ‘Siempre Santander’.

“Se evidencia que fue el canal TRO el que presentó la propuesta para el posicionamiento de la Gobernación de Santander cuando la norma establecer que debe ser la entidad la que haga el requerimiento (…) No existe un sustento de la necesidad y la conveniencia del contrato”, fue la explicación del fiscal delegado.

Sin embargo, para la Fiscalía se habría incurrido en anomalías tales como la ausencia de la necesidad para contratar, pues la iniciativa surgió de una propuesta hecha por el canal de televisión, no se contó con estudios de mercado en cuanto a los costos de cuñas, piezas y espacios publicitarios.

“Tampoco se contó con plan de medios, ni se estableció el impacto a alcanzar, además se omitió la necesidad de publicación del trámite contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop). Asimismo, no se habría verificado la idoneidad, ni experiencia, entre otros”, señalaron.

Adicionalmente, se evidenció que para el momento de los hechos la gobernación contaba con numerosos profesionales en distintas disciplinas comunicativas y periodistas que estaban en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, sin contar también la página web, los comunicados de prensa y redes social para realizar la difusión institucional, sin acudir a terceros.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía determinaron que las irregularidades detectadas causaron un detrimento patrimonial que alcanza los 3.644 millones de pesos.

Finalmente, el ente acusador destacó que la firma del convenio tuvo como objetivo buscar el beneficio amigos y empresarios que apoyaron directamente la candidatura a la Gobernación de Santander del hijo del polémico coronel (r) de la Policía y también exmandatario de ese departamento, Hugo Aguilar.

“Se destaca que hubo un direccionamiento para dar contratos a empresas que guardan cercanía personal con el exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y que incluso en el reporte de ingresos y gastos para la propaganda electoral en campaña aparecen como empresas aportantes, como es Sega y Mapa SAS cuyos representantes legales son Sergio Eduardo García Aragón y Martha Patricia Orejarena, padrinos de matrimonio del exmandatario”, puntualizó la entidad dirigida por Luz Adriana Camargo.

*Con información de Colprensa y redacción de El País