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Colombia
Fiscalía investigará siete hospitales de Antioquia por cobros coactivos; esto es lo que se sabe
Los procesos de cobro coactivo estarían siendo adelantados contra expresas disposiciones constitucionales y legales, afirmó la Procuraduría General.
La Procuraduría General de la Nación trasladó a la Fiscalía varios casos en los que hospitales públicos (Empresas Sociales del Estado, ESE) habrían embargado ilegalmente dineros destinados a la salud.
“Se trasladaron los casos en los que los representantes legales de las Empresas Sociales del Estado y en otros casos, jueces de la república, han ordenado y ejecutado medidas de embargo contra los recursos públicos de la seguridad social en salud que gozan de carácter inembargable, con las excepciones establecidas por la Corte Constitucional”, dice el comunicado oficial del ente investigador.
En ese sentido, siete hospitales del departamento de Antioquia serán investigados por la Fiscalía General de la Nación, entre los cuales se encuentran:
- ESE Hospital María Auxiliadora de Chigorodó.
- ESE Hospital Atrato Medio Antioqueño de Vigía del Fuerte.
- ESE Héctor Abad Gómez San Juan de Urabá, ESE Pedro Nel Cardona de Arboletes.
- ESE Héctor Abad Gómez San Juan De Urabá.
- ESE La Anunciación de Mutatá.
- ESE Hospital Santa María de Santa Bárbara.
- ESE Hospital San Juan de Dios de Concordia.
Según el comunicado oficial, la Procuraduría también investiga la posible existencia de una red de abogados que asesoran a los directivos de los hospitales para llevar a cabo estos embargos ilegales. A cambio de sus servicios, estos abogados recibirían hasta el 30% del dinero obtenido de manera indebida.
Este cartel de abogados estaría operando en varias regiones del país, aprovechando vacíos legales y la falta de control para obtener grandes sumas de dinero.
En marzo de 2023, la Procuraduría emitió una circular donde aclaró que estos fondos de la seguridad social en salud no pueden ser embargados, salvo en casos excepcionales. Sin embargo, varios hospitales ignoraron esta norma, afectando millones de pesos destinados a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la ADRES.
Cabe mencionar que entre los hospitales involucrados en estos embargos ilegales también se encuentran el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, el Hospital Regional San Andrés de Chiriguaná, y el Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, entre otros. En total, son más de 20 hospitales en distintas regiones del país que están siendo investigados.
Además de ordenar los embargos, algunos de los directivos de los hospitales han presionado a las entidades bancarias para que ejecuten las órdenes, amenazándolas con acciones legales si se niegan a hacerlo.
La Procuraduría también informó a la Superintendencia Financiera sobre esta situación, pidiendo que se tomen medidas para proteger a los bancos de estas amenazas y evitar que continúen los embargos irregulares. El objetivo es detener esta práctica que está desviando millones de pesos del sistema de salud, lo que agrava la crisis financiera de varios hospitales públicos.
La Fiscalía y la Procuraduría investigan para determinar quiénes son los responsables y tomar las acciones legales correspondientes.
*Con información de Colprensa y redacción de El País.
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