COLOMBIA
Fuga de Aida Merlano: Las dos personas que ayudaron en la fuga aceptaron cargos
Ante la juez de control de garantías, Matallana y Pineda aceptaron su participación en el delito de fuga de presos.
La Fiscalía confirmó este viernes 28 de julio que dos personas que ayudaron a fugarse a la excongresista Aida Merlano de un consultorio odontológico, en octubre de 2019, aceptaron cargos.
Los dos procesados son Jelissa Matallana, la mujer que ayudó a la exrepresentante a levantarse del piso tras lanzarse del consultorio en una cuerda, y Juhas Pineda, el hombre que la esperó en una motocicleta en donde huyó del lugar ubicado en la calle 116 con carrera séptima, en el norte de Bogotá. Ante la juez de control de garantías, Matallana y Pineda aceptaron su participación en el delito de fuga de presos.
En junio pasado la excongresista conservadora, que se encontraba recluida en la cárcel de máxima seguridad El Buen Pastor en Bogotá, fue trasladada a un batallón militar del departamento de Atlántico. Esta decisión se tomó en respuesta a una petición de la defensa de Merlano que alegó que su seguridad estaba en riesgo.
A través de un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que el 18 de junio pasado se adelantó el traslado de la excongresista a un centro de reclusión militar ubicado en el municipio de Malambo, Atlántico.
Además, el Instituto detalló que Merlano fue trasladada, “teniendo en cuenta la petición elevada por parte de la defensa de la privada de la libertad y la solicitud efectuada ante la Dirección de Centros de Reclusión del Ejército Nacional para la asignación de un cupo carcelario en un centro de reclusión militar.
Luego de que Inpec revelara la noticia, también se conoció una imagen de la excongresista que demuestra que ya no se encuentra en El Buen Pastor. Desde el Inpec también enfatizaron en que Merlano fue enviada al nuevo centro de reclusión “bajo estrictas medidas de seguridad”.
Así, la excongresista condenada por corrupción electoral, fue llevada al Batallón Vergara y Velasco, luego de pasar varios meses recluida en Bogotá. Cabe recordar que Merlano llegó a Colombia el pasado 10 de marzo, tras ser deportada desde Venezuela, país al que huyó a finales de 2019.
El abogado de la excongresista, Miguel Ángel del Río, agradeció a las autoridades por acoger su petición “para proteger su integridad personal debido a las recientes amenazas en su contra y garantizar su aporte de verdad ante la justicia”.
¿Por qué fue trasladada?
Este traslado se dio por las denuncias que se presentaron sobre un presunto ataque en contra de Merlano que se habría registrado en la cárcel de El Buen Pastor, de Bogotá. abe señalar que cuando se registraron estas denuncias, el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) anunció que se brindaría un esquema de seguridad para proteger a la excongresista.
Durante su estancia en esta cárcel se conoció que golpeó a una guardia del Inpec y allí le causó lesiones en el rostro y el brazo durante un allanamiento que hicieron los uniformados en la celda en el que le decomisaron un celular.
También hay que recordar que el pasado 10 de mayo la excongresista denunció que recibió una llamada de una mujer en donde le hablaba de un presunto plan para asesinarla. “La señora Maritza me llama para recibir una llamada en el teléfono del patio. Al contestar, era una mujer sin identificarse que me dice: Tatiana Toro es una negra que contrataron para hacerle la vuelta’. A lo que yo contesté que no entendía, y me dijo: La quieren matar y lo está organizando desde La Tramacúa ‘El Perro Montes’”, relató Aida Merlano en la denuncia instaurada ante el ente acusador.
En su momento, su abogado, Miguel Ángel del Río indicó a la Revista Semana que el plan estaría siendo orquestado por organizaciones criminales. “El plan vendría desde la cárcel de La Tramacúa, por parte de organizaciones criminales. Esto, relacionado fundamentalmente con la información que la señora Merlano está entregando en Corte Suprema y en Fiscalía General de la Nación”, mencionó.
Merlano fue condenada a 15 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia tras hallarla culpable de compra de votos en Barranquilla. Desde su llegada en marzo, ha entregado una serie de declaraciones sobre presuntas pruebas que tiene en contra de algunos políticos de la costa Caribe, que también la habrían ayudado a conseguir votos durante las elecciones de 2018.
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