General (r) Mario Montoya irá a juicio ante la JEP: podría ser condenado a 20 años de prisión por no reconocimiento de falsos positivos

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó remitir el proceso del general (r) Mario Montoya a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), por no reconocer su responsabilidad en crímenes de guerra ocurridos en el oriente antioqueño, donde se presentaron al menos 118 víctimas de homicidios y desapariciones forzadas como bajas en combate.

Montoya, quien se desempeñó como comandante de la IV Brigada del Ejército entre 2002 y 2003 y comandante del Ejército Nacional entre 2006 y 2008, sigue siendo investigado en el marco del Caso 03, que abarca violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado.

“A partir de las versiones de 64 integrantes de la fuerza pública, entre otras fuentes documentales, como 12 informes, aportados por entidades estatales, organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, la magistratura halló que, contrario a este deber constitucional, Montoya Uribe generó las condiciones que llevaron a la comisión de los crímenes imputados”, explicó el tribunal de paz.

La UIA, que tiene la facultad de continuar con la investigación, deberá decidir si acusa al exoficial ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal Especial para la Paz. En caso de ser hallado culpable, Montoya enfrentaría una pena de hasta 20 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y homicidio en persona protegida.

La decisión se basa en la evidencia que demuestra que Montoya fue responsable de un patrón de crímenes sistemáticos en su jurisdicción, conocido como “falsos positivos”, donde las víctimas fueron asesinadas y luego presentadas como guerrilleros dados de baja en combate.

La Sala documentó tres modalidades de actuación, entre las que se encuentran la sustracción forzada de personas, el engaño a víctimas vulnerables para su traslado a lugares donde serían asesinadas y el homicidio de personas fuera de combate.

Según el informe de la Sala, Montoya no solo permitió que estos crímenes ocurrieran, sino que también generó un ambiente institucional que promovió la obtención de bajas a cualquier costo, a través de una política que desestimaba la captura de combatientes y fomentaba el uso indiscriminado de la fuerza militar.

Este comportamiento, detallado a través de testimonios y documentos, incluyó frases como “resultados por barriles de sangre” y el rechazo a otros logros operacionales como las capturas.

Durante su tiempo al mando, Montoya implementó lo que la Sala definió como una “política de facto de conteo de cuerpos”, en la cual se valoraban las bajas en combate como el único indicador de éxito, sin considerar los costos humanos.

*Con información de Colprensa