Gobierno dice que si no pasa la reforma laboral, habría sanciones para empresas con acciones antisindicales

El viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma Egea, advirtió qué implicaciones podrían tener las acciones antisindicales de algunas empresas, incluso, si la reforma laboral no logra su aprobación en el Congreso.

Durante el Encuentro Laboral 2024, organizado por el Colegio de Abogados del Trabajo, el funcionario declaró que “si no pasa la reforma nos ceñiremos a la circular que señala unos indicios cuando hay discriminación”.

Y explicó cuáles son las acciones de las empresas que podrían acarrear millonarios sanciones. “Actos colectivos que tengan fines antisindicales, que no se negocien como dice el Código Sustantivo del Trabajo, que tengan fines de acabar un sindicato, o de debilitar un sindicato, o de impedir un sindicato, serán sancionados hasta por 5.000 salarios mínimos”, advirtió el Viceministro.

Según explicó Palma, anteriormente se aplicaban sanciones de solo 100 salarios mínimos. Sin embargo, dejó claro que desde el Gobierno están en desacuerdo con “esa tesis”.

También señaló que desde el Gobierno han identificado 74 pactos colectivos por posibles indicios de discriminación antisindical. En ese sentido, el funcionario del Ministerio de Trabajo destacó que “se adelantarán las respectivas investigaciones y en los casos donde se deban imponer las sanciones, se hará conforme a la ley”.

En diciembre pasado, ya se había aprobado cerca del 30 % del articulado de la reforma laboral en la Comisión VII de la Cámara. De los 98 artículos que conforman la iniciativa gubernamental, radicada por segunda vez en el Legislativo, tuvieron luz verde aquellos que amplían el recargo dominical al 100% y los que modifican el inicio de la jornada nocturna, la cual sería a partir de las siete de la noche, especialmente.

Por el momento, los equipos técnicos de los congresistas alistan sus motores para iniciar las reuniones de concertación y analizar las proposiciones que cada día llegan a sus escritorios. Tal es el caso de la representante del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal, quien tiene a cargo la ponencia positiva mayoritaria y considera esta como una iniciativa benéfica para el país.

Los otros dos coordinadores ponentes son Camilo Esteban Ávila, de La U, y Hugo Archila, por el Partido Liberal, quienes también comienzan sus respectivos análisis y todas y cada una de las proposiciones debe contar con el aval de los tres.

En el caso de Carrascal, está de acuerdo con un 95% de la ponencia y destaca avances como la ampliación de la licencia de paternidad, en la que hay consensos de diferentes sectores: “No solamente como parte de la bancada de gobierno, sino como la feminista que soy, con la agenda de mujeres que tengo, creo que esto es un avance y nos ayuda muchísimo para ir avanzando en esa reducción de las brechas de género”.

Temas como el trabajo en las plataformas digitales han sido uno de los puntos más álgidos. “Yo estoy del lado de los trabajadores y creo que hay una parte de ese acuerdo que nos conveniente, y es que reconoce la laboralidad del contrato”, continuó la representante.

”Cuando usted le pone la posibilidad, supuestamente, al trabajador de que elija cuál es la modalidad de su contrato, pues va a ser como independiente. Entones, no es lo mismo para uno que vive de domicilio que el que vive del día a día”, concluyó Carrascal.

Aduce que este tipo de trabajadores son muy vulnerables, con condiciones de vida muy complejas, y no tienen poder de negociación frente a su empleador. También resalta que esta reforma va muy de la mano con la pensional, pues, si hay más personas en la formalidad del trabajo, más personas estarán en condición de cotizar.

Uno de los principales críticos de la iniciativa gubernamental es el representante por el Centro Democrático Andrés Forero, quien había dicho en su momento que esta “destruye empleo formal, dispara informalidad y promueve conflictividad”.

*Con información de Colprensa.