Graves hallazgos de la Contraloría en el manejo de un contrato en la Rama Judicial

Una denuncia interpuesta contra la Dirección de Administración Judicial advierte un posible entramado en el que la entidad que administra los recursos de la Rama Judicial habría incurrido en presunta gestión fiscal antieconómica, inobservancia de decisiones judiciales, deficiencias en la elaboración de estudios, doble contratación y falta de planeación en un intento por desconocer un contrato firmado en el 2022.

Así lo relaciona en sus hallazgos la Contraloría General al revisar los dos contratos por $10.620 millones firmados entre la Seccional Bogotá, Cundinamarca y Amazonas con la empresa Innpacífic en diciembre del 2022 para el transporte y almacenamiento del archivo físico de la entidad hasta el 31 de julio del 2026.

Pero con el cambio en la Dirección de la Seccional y la llegada de José Camilo Guzmán Santos se inició una batalla jurídica en la que la Dirección de Administración Judicial (DSAJ) se ha negado a reconocer el contrato por supuestos incumplimientos, mientras Innpacific SAS asegura que el contrato está vigente y que hubo un interés de Guzmán Santos por entregarle ese mismo contrato a otra empresa.

Según el documento firmado el 22 de septiembre pasado por Pablo Antonio Pérez, director de Vigilancia Fiscal (E) de la Contraloría Delegada Sector Justicia y dirigido a José Camilo Guzmán Santos, se encontraron tres hallazgos tras la denuncia presentada por Innpacific SAS.

La primera observación que hace la Contraloría es que José Camilo Guzmán firmó en el 2023 el contrato 077 con la empresa Famoc Depanel estando vigente el mismo contrato con Innpacific SAS, para lo cual hizo caso omiso a una decisión del Tribunal de Cundinamarca en la que dejó sin efectos las resoluciones con las que él declaró el incumplimiento del contrato por parte de Innpacific SAS y le impuso una multa por $1062 millones.

El País consultó con el director seccional de Administración Judicial de Bogotá, José Camilo Guzmán, quien aseguró que “no hubo ocultamiento alguno respecto de la suspensión provisional decretada sobre las sanciones. La DSAJ de Bogotá, al momento de realizar las gestiones precontractuales para el contrato con Famoc Depanel, no conocía del proceso judicial iniciado por Innpacific SAS, ni que las sanciones habían sido objeto de suspensión, ni la decisión del Magistrado Ponente había sido notificada a la Dirección Seccional de Bogotá”.

Sin embargo Cristian Freire, abogado de Innpacific negó esas afirmaciones e indicó que la entidad conoció la decisión judicial de suspensión del incumplimiento del contrato de arrendamiento el 11 de diciembre de 2023, “como puede verificarse en la página del Samai y la solicitud de contratación fue firmada por el Director de la DSAJ el 22 de diciembre de 2023 y el Contrato No. 077 de 2023 se firmó el 26 de diciembre″.

“Esta irregularidad fue informada al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y que por encontrar que la firma del Contrato No. 077 de 2023 partía del desconocimiento de una orden judicial, el Tribunal ordenó la suspensión del contrato suscrito con Famoc Depanel, dejando entrever que nuevamente la DSAJB compromete los dineros públicos sin justificación alguna… Por eso la Contraloría encontró que esta serie de irregularidades podrían configurar no solo hallazgos fiscales, sino también conductas que pueden tener incidencia disciplinaria y penal”, indicó el abogado Freire.

Para la Contraloría, “la firma del contrato 077 de 2023 por parte de la Dirección de Administración Judicial Seccional Bogotá evidencia inobservancia de la decisión judicial de suspender las resoluciones de sanción expedidas contra el contratista y desconocimiento de las obligaciones pactadas como contratante dentro del contrato 354 de 2022, el cual se encontraba vigente, contraviniendo los deberes y prohibiciones de todo servidor público, incluidos en el numeral 1 del artículo 38 y 39 de la Ley 1952 de 2019″.

Sobrecostos en el nuevo contrato

La segunda observación que hace la Contraloría se refiere a los costos en los que pactó el director de Administración Judicial Seccional Bogotá, José Camilo Guzmán Santos, ese segundo contrato, el 077 del 2023, y que evidenciaría un presunto detrimento patrimonial por más de $900 millones.

Explica que en el primer contrato se estableció un valor por cada caja de archivo de $936,90 y en el contrato que firmó José Camilo Guzmán Santos “… se dispuso un valor de $1.439,65 por caja; presentando una diferencia de $502,75 entre el valor de almacenamiento por caja entre un contrato y el otro.

“Esta situación evidencia deficiencias en la elaboración del estudio del sector económico de los estudios previos que dieron lugar a la celebración del contrato No. 077 de 2023, lo cual constituye una conducta presuntamente disciplinable; por incumplimiento del literal c) del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. Generando el pago de un mayor valor por el almacenamiento de cada caja”, dice.

Al respecto, el Director Seccional de Administración Judicial de Bogotá indicó que tienen varios contratos de arriendo de inmuebles para guardar su archivo. Son más de 8 millones de expedientes judiciales a cargo, y para ello tiene contratos de arriendo de bodegas en Mosquera, Cota y Bogotá, además del uso de espacios propios. “Cada uno de estos contratos, conforme con las condiciones del mercado, tiene un costo distinto, derivado de la ubicación, capacidad e instalaciones, y están soportados en estudios de mercado. Debe reiterarse que los contratos son de arrendamiento y no de gestión o de manejo del archivo”.

Anexa, además, un cuadro en el que relaciona cuatro contratos y asegura que “como puede apreciarse, en comparación, el costo de arrendamiento de inmuebles en Bogotá está, en promedio, a $2.004 por caja; mientras que el valor por caja en la bodega Famoc Depanel, conforme con el valor del canon pactado, estaba en $1.425, que es muy inferior al pagado en condiciones similares”.

“Llama la atención que claramente confiese que el contrato de arrendamiento no tiene la gestión documental, situación particular que en otros escenarios ha pretendido sostener como uno de los argumentos para soportar el incumplimiento de Innpacific. Tampoco es cierto que el inmueble entregado por Innpacific y en uso por ellos no tenga la capacidad contratada; existen varias pruebas que permiten desmentir esta afirmación, cosa distinta es que a la DSAJ de Bogotá no le convenga aceptar esta realidad, pues es la base de la motivación que expuso para contratar con Famoc Depanel”, señala en abogado de la contraparte.

Reitero que no son dos empresas con el mismo contrato, insistió José Camilo Guzmán “son varios contratos de arrendamiento para tener la capacidad para todo el archivo de la Dirección Seccional. Ninguna de las empresas maneja el archivo de la Rama Judicial a cargo de la Dirección Seccional”.

Un daño al patrimonio público

Por último, el director (E) de Vigilancia Fiscal de la Contraloría, Pablo Antonio Pérez, detalla en el tercer hallazgo que al firmarse el segundo contrato con el mismo objeto contractual del 354 de 2022, por un plazo de seis meses y un valor total de $3.038.965.758, se pagó dinero de más.

“Por ende, se evidencia que la entidad contrató los mismos servicios a través de dos (2) contratos diferentes, que se ejecutaron en el mismo periodo de tiempo (enero a junio de 2024), hecho que constituye una gestión fiscal antieconómica, lo que generó un daño al patrimonio público por $902.948.034”, asegura el contralor.

Considera que eso “es fruto de una inadecuada planeación en el seguimiento y vigilancia del negocio jurídico, además de estructurar un nuevo contrato a pesar de estar vigente y en ejecución el inicialmente suscrito; lo que afectó la prestación del servicio requerido, generando una congestión en las solicitudes a través de las cuales sea necesario revisar expedientes archivados y en caso tal reactivar investigaciones en la jurisdicción penal por el surgimiento de nuevas pruebas, influyendo significativamente en la congestión judicial en el Departamento de Cundinamarca y en el Distrito Capital”.