Gustavo Petro aseguró que Operación Orión habría sido ordenada por el “jefe de Estado de entonces”

El pronunciamiento del presidente de Colombia, llegó luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revelara que los restos óseos hallados por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd) en La Escombrera de la Comuna 13, correspondieran a al menos cuatro personas, víctimas de desaparición forzada entre 2001 y 2003.

“Queda demostrado que en la comuna XIII de Medellín, en la operación Orion, ordenada por el jefe del estado de entonces y su ministra de defensa, desparecieron forzosamente y asesinaron civiles indefensos” inicia el trino emitido por Petro en su cuenta oficial de X.

Además, aseguró que posteriormente, los presuntos responsable de este atroz hecho de violencia que marcó la historia de Colombia habrían entregado la zona a un bloque paramilitar, el cual se habría encargado de torturar y desaparecer a centenares de jóvenes antioqueños.

“¿Es esto lo que querían ocultar?" Cuestiona el presidente Petro en su trino, “El gobierno de entonces dijo que realizó la operación para sacar al ELN de la comuna, ahora el ELN hace lo mismo”.

Además, dejó una reflexión final sobre el camino que debe seguir tanto el país, como las nuevas generaciones con el propósito de alcanzar la paz.

“El camino de las transformaciones y las oportunidades del progreso es la Paz. La guerra de los traqueteo no deja sino la muerte” aseveró el jefe de Estado.

En la búsqueda de los restos participaron además madres, padres, esposas, hijos y organizaciones de víctimas de la Comuna 13, quienes por años han solicitado la intervención del estado ante las desapariciones forzadas en los 2000.

En días anteriores, se determinó que "La Escombrera no solo fue un sitio destinado a la desaparición, sino también un lugar de ejecución”.

Según las cifras dadas por la JEP, actualmente, 72.492 casos conformarían el universo provisional de víctimas atribuidos a miembros de la fuerza pública, paramilitares y a otros agentes del Estado y al menos 2.840 presuntos responsables se han sometido a la justicia transicional.