“Hay 133 municipios del país en situación crítica por la inseguridad”: Habla Alejandro Fúneme, presidente de Asocapitales

En varias ocasiones, algunos mandatarios de las principales ciudades del país se han reunido con funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro para exponerles sus preocupaciones frente a los altos índices de inseguridad, así como la falta de presencia de la fuerza pública, a apenas un mes y medio de las elecciones regionales.

El alcalde de Tunja y presidente de la Asociación Colombiana de ciudades capitales (Asocapitales), Alejandro Fúneme, habló del preocupante panorama que se vive en las regiones del país por los altos índices de criminalidad, los más de 100 municipios que están en riesgo de violencia durante las elecciones y las solicitudes que han hecho al gobierno para hacer frente a esta situación.

¿Cuál es la situación actual de seguridad en los departamentos y municipios del país?

Para los alcaldes de las ciudades capitales y para todos los alcaldes del país, la más grande preocupación en este momento está en torno al tema de seguridad. Ese es un tema en el que tenemos que concentrar nuestros esfuerzos, por eso hicimos un llamado al Gobierno nacional a través de la directora ejecutiva Luz María Zapata, para convocar a los diferentes actores y tener una mesa de diálogo con los alcaldes para buscar alternativas de acuerdo a que cada territorio tiene una condición particular.

¿Quiénes estuvieron en estas reuniones, de que se habló?

Tuvimos una mesa de trabajo con el general Salamanca, con el Ministro de Defensa, el Ministro de Justicia y el Ministro del Interior, donde planteamos aquellas necesidades y observaciones que teníamos para hacer un frente común por la seguridad, para combatir los delitos en torno al homicidio, la extorsión, el secuestro, los hurtos a domicilios y personas, el tráfico y microtráfico, que básicamente son los más frecuentes, los que más preocupación y generan más lesión a nivel social.

¿Qué cifras tienen sobre la inseguridad en los departamentos?

En estas mesas se habló de la situación crítica de 133 municipios en el país, que requieren una especial atención por parte de la fuerza pública y de los órganos de control.

En ese entendido, lo que se planteó es que independiente del plan choque, las demás actividades que han sido solicitadas y que vienen trabajándose por la policía, van a ser replanteadas y se van a redefinir de acuerdo al apoyo del pie de fuerza, al trabajo conjunto con Ejército y órganos de control.

El ministro del interior aseguró hace poco que estas denuncias de inseguridad no eran prudentes y que eran por temas políticos. ¿Cómo les fue en estas reuniones, han tenido apoyo del Gobierno?

Definitivamente, el principal problema hoy de nuestro país está en torno a la seguridad, al nivel del delito y de la lesividad para la comisión del delito, esa es una realidad que nadie puede desconocer y que no podemos ocultar.

Ahora, que estamos convocados todos desde nuestras posiciones para poder garantizar que nuestros esfuerzos representen paz, tranquilidad y seguridad desde nuestros territorios, es otra cosa, pero no podemos hoy desconocer que ese problema se debe atacar. Por eso, el ministro de defensa, Iván Velásquez, manifestó y acompañó el lanzamiento de este plan de choque de la policía para fortalecer tecnológicamente, en red de distribución, en microfocalización y en las diferentes estrategias a la institución policíal para garantizar que este plan represente resultados positivos y contundentes.

Tras varias reuniones, ¿a qué acuerdos llegaron?

Luego de buscar varias rutas, decidimos de manera conjunta, con el gobierno nacional y la policía, un plan de choque que está enfocado en varias direcciones. Lo primero es desarticular las estructuras delincuenciales del país; segundo afectar las finanzas de los delincuentes y, tercero, poder capturar a los más buscados del país.

Esto lo vamos a hacer en dos puntos básicamente: el primero es el Plan Captura, en el que tenemos un cartel que está siendo publicado en todo el país, de los delincuentes más buscados en todos los territorios y que tienen mayor representatividad en términos en los delitos de homicidio hurto, microtráfico, delitos sexuales, ambientales, para articular esfuerzos administrativos desde los gobiernos locales y departamentales con la policía, y poder garantizar que haya un plan captura contundente al 31 de diciembre.

El segundo es el plan desarme que busca desarticular estos delincuentes que están intimidando y que están poniendo bajo el terror a los ciudadanos, para que de manera contundente garanticemos un desarme en los territorios que evite el nivel de lesividad de la comisión de los delitos, que los disminuya y que permita recuperar la confianza con los ciudadanos, que es uno de los grandes puntos que queremos atacar.

¿Y con respecto al tema de elecciones?

Para el tema electoral se han definido esquemas y posiciones independientes de acuerdo al nivel de criticidad de cada uno de los municipios.

Se está haciendo una caracterización, se convocó a una nueva mesa de trabajo para definir la realidad del riesgo de los municipios que hoy tiene una posibilidad de tener alguna afectación, y en ese sentido, desplegar acciones específicas para poder tener municipios y elecciones seguras.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha criticado que la falta de policías es una de las causas del aumento de la inseguridad en la capital. ¿Solo sucede en Bogotá o también en otros departamentos?

Es en todo el país. Hay dos puntos importantes: el déficit del pie de fuerza que tenemos hoy en el país es de 50 mil hombres y mujeres para poder atender las necesidades de acuerdo a los estándares de las Naciones Unidas. Definitivamente la incorporación es una realidad que no es fácil hoy en el país para el servicio de la policía y se están buscando alternativas para poderlo suplir.

La alcaldesa ha propuesto algunas solicitudes para Bogotá, al igual de otras ciudades que han presentado iniciativas particulares, pero la realidad es que necesitamos 50 mil hombres que hoy no tenemos y, por eso, una alternativa es reorganizar el pie de fuerza de acuerdo a la situación de delincuencia en cada lugar del país, recuperar a todos aquellos policías, alrededor de 3 mil que tenemos hoy en Unidades de Reacción Inmediata, URI; Estaciones de Policía y en centros de detención transitoria cuidando personas privadas de la libertad, poderlos liberar y encargarlos de labores propias de la policía y de la seguridad.

Por eso el tema de la crisis carcelaria es otra de las preocupaciones que tenemos para recuperar el pie de fuerza y buscar alternativas de suplir la atención a esta problemática.

Precisamente sobre el tema de la crisis carcelaria, hace un mes existió una disputa por el tema de la comida a los presos ¿Qué sucedió con esto?

La procuraduría había emitido un comunicado para que al primero de agosto la alimentación de los presos estuviera a cargo de las alcaldías, pero tras una mesa de trabajo se logró que extendiera hasta junio de 2024 en vista de que legalmente le corresponde a la Uspec, además de que actualmente los municipios no tienen la proyección presupuestal, ni se encuentra incorporado en los planes anuales de gasto, de ahí que era muy difícil que fuera asumido por las administraciones. Por lo tanto, el próximo año, con las nuevas administraciones, se harán nuevas mesas para definir el camino que se va a seguir frente a la atención de la población carcelaria, especialmente en temas de alimentación.

¿Y qué tanto afectaría esto a los presupuestos de los departamentos?

Es una carga que no se tiene contemplada en las administraciones, que representa una lesión al presupuesto que se tiene en las finanzas de cada uno de los lugares y que requiere un análisis jurisprudencial. Por eso, nosotros estamos presentando un proyecto de ley que busca una reforma a la situación carcelaria que busca establecer responsabilidades presupuestales y administrativas a los entes nacionales, departamentales y municipales, para poder garantizar una distribución equitativa, justa, y que garantice la atención a la población carcelaria.

También se busca redefinir los recursos para invertir en infraestructura y brindar garantías que permitan la modernización de las cárceles para subsanar la situación de hacinamiento que vivimos hoy en el país.

También se conoció acerca de una proyecto a causa de la crisis sanitaria, ¿En qué consiste?

Los alcaldes venimos trabajando en el tema medioambiental y uno de los proyectos tiene que ver con el aprovechamiento de residuos en el país.

Hoy tenemos una crisis ambiental por el manejo de basuras, ya que más del 70% de los rellenos sanitarios del país están ad portas de vencerse. Tenemos un incremento del 30% en toneladas año del volumen de residuos sólidos y esto requiere una especial atención. El camino que planteamos es fortalecer la economía circular, modernizar los rellenos sanitarios para que emigren a parques tecnológicos y con recursos de Gobierno nacional poder atender la situación del manejo de residuos de manera local.

Con información de Colprensa