Impuesto a bebidas azucaradas no cumpliría objetivo de desincentivar consumo

En días pasados, el Congreso de la República aprobó, en primer debate, la reforma tributaria que pretende, entre otras cosas, imponer un impuesto de manera progresiva a las gaseosas y otras bebidas azucaradas, dependiendo de los gramos de azúcar por mililitros.

El proyecto establece que las bebidas que tengan seis o más gramos de azúcar por cada 100 mililitros pagarán 18 pesos de impuesto en 2023 y 28 pesos en 2024. Por otro lado, las bebidas con 10 o más gramos de azúcar por cada 100 mililitros pagarán 35 pesos en 2023 y 55 en 2024.

La fórmula representa un alivio para la industria de las bebidas azucaradas, pues en la propuesta inicial, radicada el 8 de agosto, el gobierno había planteado gravar a todas las bebidas azucaradas a partir de los 4 gramos de azúcar por cada 100 mililitros.

Sin embargo, en los últimos días surgieron algunas críticas a lo que se tramita en el congreso. Diferentes sectores, principalmente académicos, aseguran que el impuesto no es suficiente para lograr el objetivo de desincentivar el consumo de azúcares y prevenir enfermedades como la obesidad.

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“El gravamen que se piensa colocar es bastante bajito, porque está demostrado que al gravar este tipo de productos con impuestos muy bajos no se obtienen los objetivos que se esperan de salud pública”, dice Santiago Gómez, profesor de epidemiología y estadísticas de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y los Alimentos de la universidad CES de Medellín.

Contrario a lo que establece la propuesta del Gobierno, el especialista señala que el impuesto a las bebidas azucaradas debe aumentar el precio final de venta en, al menos, un 20 %, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Teniendo en cuanta que estos productos ya pagan IVA, entonces esto implicaría un aumento bastante sensible en el precio del producto, que efectivamente desincentive la compra final por parte de los consumidores”, explicó Gómez.

Es más, la Red Académica por el Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas, que la conforman docentes de varias universidades del país, propone un incremento de, al menos, el 24 % en el precio de venta final en estos productos.

“Esto con el propósito de que generen verdaderos efectos en la salud de la población colombiana. El estudio llevado a cabo encontró que, a partir de este umbral, se tendría un impacto significativo en las prevalencias de obesidad en las personas de estratos socioeconómicos bajos”, afirmó la red.

Además, este sector de la academia colombiana señala que el impuesto según el gramaje es inconveniente, porque incentivaría a que la industria adopte una estrategia comercial de promocionar más las bebidas que no tendría impuesto, por contener menos de 6 gramos de azúcares por cada 100 centímetros cúbicos, pero que son de interés de la salud pública.

“Esta estrategia comercial podría, paradójicamente, incrementar la ingesta de azúcares adicionados al aumentar el volumen ingerido de las bebidas en los sectores más pobres”, explican.

Por ejemplo, exponen, si una niña de seis años, con requerimientos calóricos diarios de aproximadamente 1.225 Kilocalorías, consume al día dos porciones de 300 centímetros cúbicos, cada una, con un contenido de 5,5 gramos de azúcares por cada 100 centímetros cúbicos, estaría ingiriendo un total de 132 kilocalorías al día derivados de esta bebida, lo cual equivale al 11 % de sus requerimientos calóricos diarios.

Este porcentaje está por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la cual estipula que la ingesta de azúcares adicionados debe ser menor al 10 % de los requerimientos calóricos diarios.

Para el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), la mejor práctica de impuesto a las bebidas azucaradas es un impuesto específico de 750 pesos por litro, sin discriminar por gramajes de azúcar, según dijo Yessika Hoyos, abogada del colectivo.

“El impuesto a las bebidas azucaradas, basados en evaluaciones, ha demostrado su efectividad, pero también se ha demostrado que este diseño por gramajes genera sustituciones no deseables entre las mismas bebidas azucaradas”, señala Hoyos.

En síntesis, los expertos consultados aseguran que la industria reduce los contenidos de azúcar de sus bebidas con el criterio de salir o evadir el impuesto, pero no con fines de salud pública.

Según el DANE, alrededor del 20 % de la población en Colombia consume bebidas azucaradas todos los días de la semana. Un 25 % adicional declaró consumirlas mínimo tres veces por semana.