Incineran bus que movilizaba a contratistas de la empresa Afinia, en Córdoba

Este miércoles 4 de octubre, un bus que movilizaba a 25 contratistas de la empresa Afinia fue incinerado en la zona rural del departamento del Córdoba.

Este hecho sucedió en Sahagún, municipio del departamento, en donde según información preliminar personas desconocidas prendieron fuego a la buseta.

Al parecer los colaboradores de este contratista estaban en la zona realizando operaciones laborales de manteamiento en redes eléctricas. Hasta el momento, no se reportó ningún herido.

Asimismo, las respectivas autoridades no han divulgado detalles sobre este hecho. Sin embargo, Policía no descarta que Clan del Golfo esté detrás de esta acción, para presionar pagos extorsivos a la empresa transportadora.

Ministro del Interior habló sobre el hostigamiento en Tierralta, Córdoba

El Ministerio del Interior se refirió a las últimas versiones que surgieron sobre el hostigamiento por parte de miembros del Ejército a la población de Tierralta, Córdoba. Se estudia la posibilidad de que haya sido un montaje. Sin embargo, varios uniformados ya han sido retirados de la institución.

Según expresó el director de Derechos Humanos de esta cartera, Franklin Castañeda, desde que se conoció el caso “el Gobierno Nacional tomó medidas y puso en cabeza del Ministerio del Interior impulsar una acción integral en la zona”.

Es así que una comisión se trasladó para escuchar a la población y se recibieron testimonios que indican que “efectivamente pudo haber irregularidades en el marco de los procesos llevados a cabo por la Fuerza Pública”, señala Castañeda.

Estos fueron incluidos en un informe presentado este martes al Alto Gobierno que, además, contempla recomendaciones en materia social, económica y de superación de la pobreza enfocadas en la zona.

Estos son los escenarios: “Se habla en particular de que la presencia del Ejército en la zona ha ocasionado violación de derechos humanos, otros dicen que habían personas del Clan del Golfo, otros han planteado que lo que vemos es una estrategia para sacar al Ejército de la zona”. No obstante, el Director fue enfático en que “el Estado colombiano no va a renunciar al control territorial”.

Ahora bien, ya entregado el informe le corresponde a la Procuraduría, a la Fiscalía y al Ministerio de Defensa hacer las investigaciones disciplinarias, pues el del Interior no tiene esas competencias.

Vale recordar que a través de un contundente comunicado, el general Helder Giraldo Bonilla, comandante de las Fuerzas Militares, ordenó a todos los generales, almirantes y coroneles, comandantes de Fuerza, Divisiones, Brigadas y Batallones del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, iniciar un proceso de revisión “exhaustiva” de cada una de sus unidades con el fin de establecer que si “estén actuando de manera correcta y dentro de la ley”.

Lo anterior, con el propósito de evitar que integrantes de las Fuerzas Armadas del país vuelvan a incurrir en vulneraciones a los derechos humanos, como quedó registrado en zona rural de Tierralta.

400 desplazados en Tierralta

Tras el desplazamiento de más de 400 personas desde la vereda Bocas del Manso y otras aledañas hasta Tierralta (Córdoba), la Defensoría del Pueblo lanzó un llamado de atención para el Gobierno nacional.

Al casco urbano de Tierralta llegaron cientos de personas para asentarse en cambuches improvisados en el parque Santiago Canabal, luego de que abandonaron sus viviendas por el panorama de violencia que se vive en los territorios, como quedó evidenciado con el hostigamiento de militares a la población hace unas semanas.

Además de Bocas del Manso, las comunidades desplazadas llegaron desde las veredas Llanos del Tigre, Palestina, Gloria 1, Gloria 2, Sancón, Ballenas, Tucú, Gilgal, San Pablo y Bocas de Cruz. En todas ellas persiste la vulneración de los derechos de las comunidades por la instrumentalización por parte del Clan del Golfo y la estigmatización que viene desde la Fuerza Pública.

“Ante esta emergencia humanitaria, que podría aumentar con el paso de las horas, les solicitamos a los entes nacionales y departamentales atender la situación, pues el ente municipal ya desbordó su capacidad para hacerle frente a lo que está sucediendo”, señaló el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis.

Funcionarios de la Defensoría se reunieron con voceros de la población desplazada y acordaron varias medidas. A partir de ello, le pidieron a la Alcaldía de Tierralta realizar un Comité Extraordinario de Justicia Transicional, así como un censo que permita establecer cuántos desplazados hay y a qué territorios pertenecen.

Además, el llamado de la institución llega a la Gobernación de Córdoba, en la medida en que se le pide activar un plan de choque, lo mismo que se le solicita al director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

*Con información de Colprensa.