JEP imputó a 10 exmiembros de las Farc por reclutamientos en el Cauca y Valle

En la primera decisión de fondo que se emite dentro del Caso 05, el cual investiga la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, la JEP imputó a 10 antiguos miembros de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de las Farc, por 14 crímenes de guerra y de lesa humanidad por graves delitos cometidos contra comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas de esos departamentos, asentadas en 17 municipios.

Dentro de estos crímenes, la JEP acusa a los exguerrilleros, entre los que se encuentra una mujer, de uso de minas, reclutamiento de niños, asesinato y desaparición de líderes de esa región y destrucción del medio ambiente, entre otros.

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“El elemento fundamental de los patrones de violencia desplegados por estas dos estructuras priorizadas buscaba obtener y consolidar el total control territorial de toda la zona. Bajo esta presión los vínculos ancestrales de la población con sus lugares de origen se vieron gravemente afectados y empeoró la pobreza”, explica la JEP.

En este sentido la JEP dice que, en estos 17 municipios, entre los que se encuentran Santander de Quilichao; Suárez: Buenos Aires; Morales; Caloto; Corinto; Toribío: Caldono; Palmira y Jamundí, miles de proyectos de vida fueron cercenados y los crímenes cometidos por las FARC tuvieron como común denominador el ensañamiento y perfilamiento contra los ciudadanos indígenas y afrocolombianos.

Los imputados como máximos responsables por planificar, ordenar, facilitar y cometer estos graves crímenes son: Diego Ardila Merchán, José Gregorio Lasso Céspedes, Efrén Núñez Pulido, Remigio Valero Ríos y Gloria Ramírez Basto, quienes hicieron parte de la comandancia de la columna móvil Gabriel Galvis; así como Reinel Natalio García Mujica, Braulio Vásquez Fonseca, James Castro Jaramillo, Heriberto Reina Suaza y José Antonio Muñoz, quienes formaron parte de la comandancia de la columna móvil Jacobo Arenas.

En concreto, la JEP encontró diez patrones de violencia en las actuaciones de estos dos frentes de la antigua guerrilla. En primer lugar, perpetraron ataques para expulsar a las autoridades de la zona, que tuvieron como efecto cientos de muertos y heridos de la población civil, la afectación de viviendas, escuelas, plazas públicas y sitios sagrados.

En segundo lugar, la JEP encontró que estos dos frentes produjeron muertes y desapariciones forzadas de indígenas, campesinos y otras personas protegidas por el DIH en el desarrollo de su política de control territorial y social de las unidades de las Farc-EP.

También la JEP encontró que estos frentes ejecutaron desapariciones forzadas de civiles considerados informantes, colaboradores o enemigos de las Farc; ejecutaron una persecución a la población que no aceptaba su política de control territorial y social; reclutaron niños de las comunidades de la región, utilizaron minas antipersonales, realizaron ejecuciones sin todas las garantías judiciales; confinaron a las comunidades y afectaron el medio ambiente.

Tras esta imputación los antiguos miembros de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y conductas o rechazar las imputaciones hechas. Las partes, las víctimas acreditadas y el Ministerio Público también podrán presentar observaciones frente al auto.

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Al terminar el periodo de 30 días hábiles, y luego de recibir la respuesta de los comparecientes, la JEP decidirá si fija una fecha para una Audiencia de Reconocimiento, si considera que hay reconocimiento y aporte a la verdad plena. En caso de que los comparecientes nieguen su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.