JEP inició caso por crímenes sexuales de las Farc y Fuerza Pública con más de 3.000 víctimas

La Jurisdicción Especial para la Paz anunció a principios de semana la apertura del Caso 11, el cual se centrará en atender los hechos de violencia sexual perpetrados tanto en las Farc como en la Fuerza Pública, en el marco del conflicto armado en Colombia.

La JEP recogió cientos de relatos de víctimas que vivieron el horror de la guerra desde otra perspectiva, la oscuridad de la violencia sexual. Mujer y miembros de la población LGTBIQ+ le contaron a los investigadores de la jurisdicción lo necesario para que hoy la apertura de este macrocaso sea una realidad y las investigaciones se inicien con 3.000 víctimas a bordo.

“Llegó la guerrilla y me violó, porque el Ejército había caminado ese sector. Según ellos, me violaban para demostrar que eran los que estaban mandando en la zona. Yo no tuve a quién decirle ni cómo pedir auxilio, porque mientras unos me violaban, los otros me encañonaban y me decían que me callara o me mataban ahí mismo”, cuenta una mujer en uno de los tantos relatos recopilados en este macrocaso sobre la violencia de género, sexual, reproductiva, y crímenes por prejuicio contra personas con orientación sexual, expresión y/o identidad de género diversa (OSIEGD).

Según la JEP, el conflicto armado en Colombia ha dejado más de 35.000 víctimas de violencia sexual y vale destacar que esta nueva investigación no solo se centrará en los hechos cometidos por la extinta guerrilla de las Farc, sino también por los actores de la Fuerza Pública.

Según lo recogido por la JEP, son exactamente 35.178 víctimas por parte de todos los actores armados del conflicto entre 1957 y 2016, sin embargo, en un inicio solo 3.154 serían objeto de competencia de la jurisdicción: 2.051 atribuidos a las antiguas Farc y 1.103 que habrían sido cometidos por la Fuerza Pública. Se advierte por parte de la entidad que del subregistro se puede inferir que estos no son los únicos hechos.

Para tener un panorama más claro de esta cruel realidad que vivieron estas víctimas, de las 35.178 personas, 31.366 son mujeres entre niñas y adultas, lo que representa el 89,2%. Así mismo, 12.352 son menores de edad, el 35,1% de las víctimas, de los cuales 1.087 eran niños y 11.055 eran niñas. Del total de las víctimas, 1.857 se identificaron como indígenas, 5.793 como afro y 19 como rom (pueblo gitano).

Según la investigación, estos casos se dieron en todos los departamentos del país, de los cuales Antioquia, con 5.320 víctimas, Magdalena con 3.346, Nariño con 2.734, Bolívar con 2.499 y Cauca con 1.734 son los que más concentraron este fenómeno. Valle del Cauca, por su parte, es el sexto departamento que más víctimas aportó a esta estadística con 1.664.

Los casos atribuibles a las Farc

La JEP centrará una parte de la investigación a los sucesos cometidos por miembros de la guerrilla de las Farc en contra de la población civil. Este subcaso se divide en dos patrones, el primero es contra las personas LGTBIQ+ en donde se han documentado ya 103 casos por discriminación. “Decían que los maricas no deberíamos vivir, que éramos una enfermedad, un problema para todos en la sociedad”, relata una de las víctimas.

El segundo patrón es la violencia contra mujeres adultas y niñas. Parte de estos crímenes ocurrieron porque se consideraba por parte de los miembros de la guerrilla que ella le servían al enemigo, pero también por desobedecer órdenes. “Me violaron y les hicieron ver a mis hijos. Yo no quise que se llevaran a mi niño, que es lo más sagrado en mi vida (…) yo gritaba y le decía: ‘Papi, tápele los ojos a la niña’. Él lo único que me decía era: ‘Mamita, ¡yo la amo!’”, expresó una mujer que fue abusada por impedir que reclutaran a su hijo de manera forzada en el Tolima.

Violencia en la Fuerza Pública

En este segundo subcaso, se identificaron, hasta el momento, 246 hechos con 293 víctimas, de las cuales 290 fueron niñas, mujeres y personas OSIEGD.

Según la JEP, los relatos “involucran a integrantes del Ejército, en 187 hechos; de la Policía, en 38 hechos; de la Armada, en 16 hechos; y de la Fuerza Aérea, en 1 hecho”. Y este también se divide en dos patrones: el primero, la violencia contra personas LGTBIQ+, donde se registraron 42 hechos con 46 víctimas.

El segundo patrón fue la violencia de agentes del Estado contra las mujeres. Según relatan los magistrados de la jurisdicción, los miembros de la Fuerza Pública se aprovechaban de su presencia en ciertas zonas del país “para atacar a mujeres y niñas; otras veces fue porque asumían que tenían alguna relación con grupos ilegales y las presionaban por información, otras agresiones buscaban confesiones viciadas para que fueran judicializadas”.