JEP ordenó recopilar pruebas en proceso contra Iván Márquez

Con el paquete de medidas que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ordenó para recabar pruebas para anexar al expediente que se sigue en contra del exnegociador de las Farc en La Habana, Luciano Márquez Marin, se allana el camino para que los magistrados de la Sala de reconocimiento de verdad tomen una decisión sobre el incidente de incumplimiento que se abrió a finales de mayo del año pasado.

Lo que busca el tribunal de paz es establecer si el exjefe guerrillero ha cumplido con los postulados a los cuales se acogió tras la firma del acuerdo, es decir, obligación de aportar a la verdad, la garantía de no repetición, no cometer nuevos delitos, dejación de armas, contribución a la reparación de las víctimas y manifestar la relación con los procedimientos y protocolos para inventariar los bienes de las antiguas Farc.

Márquez debía comparecer a entregar su versión en el expediente que analiza lo sucedido con los secuestros cometidos por esa guerrilla y que se conoce como el caso 001. Una de las citaciones era el pasado 2 de mayo, pero a través de su defensora se conoció que no comparecería aduciendo problemas de seguridad.

De allí que una de las pruebas que se solicitaron desde el tribunal esté encaminada a corroborar si lo expuesto por la abogada es verídico. Por tanto, solicitaron un informe a la Misión de verificación para conocer si en algún momento el exguerrillero ha informado sobre la existencia de riesgos contra su integridad o su vida. Esta misma petición se le elevó al Ministerio de Defensa.

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Respecto a un posible regreso a la vida delictiva y al alzamiento de armas le solicitan un informe al comando de las Fuerzas Militares para esclarecer estos rumores, en su mayoría provenientes del partido de Gobierno, o si ha “incitado a excombatientes de las Farc a hacerlo”.

Cuando se conoció sobre la apertura del incidente en contra de Márquez los magistrados hicieron hincapié en los mensajes que desde su cuenta de Twitter publicó sobre lo que consideró como un error al haber entregado las armas “a un Estado tramposo”.

En su momento, Óscar Parra, magistrado presidente de la Sala, dijo que esas frases permiten “inferir que rechaza su compromiso con el Acuerdo Final y con el proceso de reincorporación y transición de las armas a la vida ciudadana, desconociéndose si ese rechazo implica también el abandono del proceso de paz”.

Entre el paquete de pruebas se le pide al Ministerio de Relaciones Exteriores que certifique ante el tribunal de paz si en la actualidad pesa alguna orden de extradición en contra del exnegociador de paz de la guerrilla en la mesa de conversaciones.

En la decisión se le pide a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP que delegue una comisión para que realicen una visita al espacio territorial de Miravalle, Caquetá, último lugar conocido de ubicación de Márquez para que se recopile toda la información posible sobre su posible ubicación.

A Migración Colombia, por su parte, se le solicita que certifique si ha registrado alguna salida del país por parte de Márquez, así como las fechas y lugares de destino.

Una vez en su poder estén las pruebas la JEP analizará el material, citará a audiencia a la Procuraduría y a la defensa de Márquez, escuchará sus alegatos y posterior a ello tomará una decisión sobre el futuro del exjefe guerrillero.

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