JEP responde a Mindefensa sobre fuente de los 6402 casos de falsos positivos

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP,  respondió este sábado a la inquietudes planteadas por el ministro de Defensa, Diego Molano, sobre las fuentes consultadas frente a la cifra entregada de falsos positivos entre 2002 y 2008.

En un mensaje publicado en la cuenta de Twitter, señaló que para la elaboración de los datos se tuvieron en cuenta los informes presentados por la Fiscalía, la Procuraduría, el Sistema Penal Acusatorio de la Fiscalía, el Centro de Memoria Histórica y la red de 285 organizaciones sociales y de derechos humanos que hacen parte de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.

“Son 6.402 casos que surgieron de versiones, expedientes de la @FiscaliaCol, informes de la @PGN_COL, el Sistema Penal Acusatorio de @FiscaliaCol, el @CentroMemoriaH y @coeuropa”, informó el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, frente a la priorización del caso.

Estas cifras se conocieron el pasado 18 de febrero, cuando la JEP reveló que por lo menos 6402 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, o también llamados como falsos positivos, entre 2002 y 2008.

Estas cifras son muy diferentes al informe que la Fiscalía presentó ante este organismo en 2018, donde daba cuenta de 2.248 víctimas de falsos positivos entre 1988 y 2014. El 97 % de los casos entre 2002 y 2008. En el mismo informe se decía que la Fiscalía había procesado a 5.626 personas, de las cuales 3.826 eran soldados, 992 suboficiales, 514 oficiales y 133 civiles.

Este anuncio ha traído diferentes reacciones, desde el expresidente de la época, Álvaro Uribe Vélez, hasta diferentes miembros del actual gobierno del presidente Iván Duque, como el ministro de Defensa, Diego Molano.

El funcionario señaló que el país debe tener claridad que el “Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía siempre han actuado con apego a la ley, y aquellos que han manchado el uniforme han sido judicializados y muchos de ellos ya están hoy condenados”.

Acto seguido, indicó que “las cifras que active o desarrolle la JEP deben considerar las fuentes oficiales como son la Fiscalía en esos procesos”.

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La investigación reveló que el 66 % de las víctimas en el país se concentran en diez departamentos. Sin embargo, en la primera parte se priorizo a seis territorios: Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta. Una decisión que, según la JEP, se tomó tras un exhaustivo proceso de contrastación de información que incluyó cuatro bases de datos.

Este proceso también arrojó que durante esta etapa se registraron el 78 % del total de la victimización histórica del país y añade que este fenómeno se redujo drásticamente en 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009.

En la segunda fase de la investigación se analizarán los hechos ocurridos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo, entre otros.

Para las organizaciones de derechos humanos representadas en un comunicado por la Comisión Colombiana de Juristas, la elevada cifra de ejecuciones extrajudiciales que revela la JEP en sus investigaciones preliminares, no es una sorpresa, teniendo en cuenta las diferentes investigaciones que han realizado.

Destacan que la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), una plataforma que agrupa a 285 organizaciones de derechos humanos, había documentado con anterioridad una cifra de 5.763 casos entre 2000 y 2010, además de una investigación en la que se denota una cifra de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, solamente entre 2002 y 2010.

Además, mediante este comunicado insistieron en la importancia del reconocimiento judicial de estos hechos, poniendo como precedente su auge a partir de 2002, “momento desde el cual se presentó un incremento exponencial que, en algunas unidades militares, llegó a ser de más del 2000 %, dejando un saldo cercano a las 6.402 víctimas a lo largo y ancho del país”, añade el comunicado.

Sin embargo, dicen que más allá de establecer el número de crímenes, lo más importante para las víctimas es que la JEP despliegue todos sus medios para obtener información relevante sobre la permanencia de estructuras y doctrinas que en la fuerza pública han permitido la existencia del fenómeno criminal.