La avalancha de proyectos que llegó esta semana al Congreso de la República

En una legislatura marcada por las elecciones regionales, el Senado y la Cámara de Representantes se aprestan a empezar la discusión de más de un centenar de proyectos de ley y de reformas constitucionales que, en su mayoría, deberán ser votadas antes del 20 de junio del próximo año.

Para empezar están los presentados por el Gobierno Nacional entre los cuales, como lo anunció el presidente Iván Duque en su discurso del pasado 20 de julio, con ocasión de la instalación del nuevo periodo legislativo, se incluye, con mensaje de urgencia, una iniciativa para quitarles a los corruptos el beneficio de la casa por cárcel, hacer más rápidos los mecanismos de extinción de dominio y estimular la delación frente a estas actividades.

Pero además, tan solo entre el martes y el miércoles pasados fueron radicados más de 20 iniciativas por parte de congresistas que, en algunos casos tenían el apoyo del Gobierno Nacional, como por ejemplo la ley de vivienda rural, que pretende aumentar los incentivos para la construcción de casas en las zonas más apartadas del país.

La representante Juanita Goebertus (Partido Verde) señaló que “presentamos un proyecto multipartidista, apoyado desde el Gobierno, que incluye al Partido Centro Democrático y al Partido Conservador, además de los partidos de la oposición. Es un proyecto para concentrarnos en la transformación de los territorios más afectados por la guerra”.

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Agregó que “hoy la vivienda rural es un problema gravísimo: hay 1,6 millones de hogares que no tienen condiciones de habitabilidad en la ruralidad. Estamos hablando de un déficit de 50 %, mientras que en la zona urbana es del 15 %”.

Otro proyecto multipartidista es el de habeas data financiero, que volvieron a presentar los senadores Luis Fernando Velasco (liberal) y David Barguil (conservador), conocido como ‘borrón y cuenta nueva’, con el cual se crearían mejores condiciones y más garantías para los colombianos en términos de acceso a crédito.

La iniciativa propone que el tiempo de permanencia del reporte negativo en las Centrales de Riesgo corresponda al mismo tiempo de la mora, máximo dos años, y que el tiempo que durará el reporte negativo en dichas centrales, mientras no se haya pagado la deuda, sea máximo de cinco años.

De igual forma, el senador uribista Fernando Nicolás Araújo radicó una iniciativa para lograr condiciones de equidad para los soldados e infantes de marina profesionales en servicio activo y mejorar la asignación de retiro en condiciones de igualdad con los miembros de la Fuerza Pública.

“La presentamos con el ánimo de exaltar el gran sacrificio que hacen nuestros soldados e infantes por salvaguardar la democracia, la seguridad, la soberanía, y las institucionalidad de nuestra Patria”, planteó Araújo.

La también senadora Maritza Martínez (La U) presentó un proyecto para que se prohíba en Colombia el uso de plásticos de uso único y del polietileno expandido como el icopor, porque “los plásticos de uso único que se utilizan en el sector de alimentos son un veneno de acción lenta cuyo efecto es nefasto para el medio ambiente”.

Añadió que “su biodegradación se toma desde meses hasta más de 500 años y es casi que imposible reutilizarlos o transformarlos en otros productos”.

Entre tanto, el Partido Cambio Radical radicó una serie de proyectos que pretende darle reordenamiento territorial, agilidad y transparencia a enttes que protegen el medio ambiente.

“Muchas de las iniciativas anunciadas por el presidente Iván Duque el pasado 20 de julio son proyectos que nuestro partido ha venido presentado; esperamos que, en este nuevo periodo legislativo, el Gobierno y las otras colectividades acojan nuestras iniciativas. Que no nos pase lo de la legislatura anterior”, señaló el secretario de esa colectividad, Germán Córdoba.

Entre los nuevos proyectos están, además, la creación del Ministerio de la Familia y el Régimen Departamental, que pretende que los departamentos sean más competitivos y desarrollados.

El senador Miguel Ángel Barreto propone establecer un procedimiento especial, práctico y ágil para que los predios donde funcionan las Instituciones Educativas Públicas (IEP), tanto urbanos como rurales, sean legalizados o adquiridos a favor de las entidades territoriales.

“El escenario es complejo en el ámbito nacional, ya que se estima que alrededor del 50 % de las IEP localizadas en predios urbanos y rurales no cuentan hoy con los documentos que acrediten la titularidad de la propiedad”, señaló el conservador.

Finalmente, el Partido Colombia Justa Libres radicó ocho proyectos de ley, entre ellos el que sanciona con la pérdida de la custodia a quienes utilicen a los menores con propósitos de mendicidad o que recurran a sustancias psicoactivas para reducir su voluntad y manipularlos para pedir limosna.

“Nosotros estamos enfocados en las causas de los derechos de los ciudadanos del país y por eso hemos radicado estas iniciativas que les ofrecen una nueva oportunidad a todos los colombianos”, indicó el senador John Milton Rodríguez.

Otro de las iniciativas apunta a que se dicte la catedra de la Constitución Política de Colombia y una más a la selección y elección de servidores públicos, regulada por concurso de méritos.

Por el presunto incumplimiento del Estatuto de la Oposición, durante la instalación de las sesiones del Congreso, el pasado 20 de julio, la Procuraduría citó a audiencia de juzgamiento disciplinario al senador uribista Ernesto Macías.

La sala disciplinaria le reprocha al expresidente del Congreso el que no hubiera permitido la intervención del representante de los partidos con personería declarados en oposición inmediatamente luego de que terminara la intervención el Jefe de Estado, y sí decretado un receso, con lo que habría interrumpido el desenvolvimiento de la sesión, contrariando el régimen y la finalidad de las normas que regulan los derechos de la oposición.

El juzgamiento verbal contra Macías, que inició de oficio el Ministerio Público, se da por los documentos allegados al expediente y el video oficial de la jornada.

Según la Procuraduría, la falta del senador fue calificada como grave a título de dolo, por el conocimiento y la voluntad evidenciados en la expresión “esta es mi última jugadita de presidente”, que buscaba una presunta violación de los principios a la igualdad, imparcialidad, participación política efectiva, pluralismo político y moralidad.