La carrera contra el reloj del Congreso para aprobar ley de seguridad que endurece penas

La ley de transformación y modernización de la Policía, así como su estatuto disciplinario, y la ley de seguridad ciudadana son algunos de los proyectos que el Congreso de la República espera sacar adelante antes de que termine el 2021.

Así lo aseguró el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, quien precisó que también están en la lista de espera la ley de mercado de capitales, y la de conciliación, que busca descongestionar los despachos judiciales del país.

De igual forma, a más tardar el próximo 16 de diciembre debería quedar aprobado el régimen departamental, que en opinión de varios expertos, se necesita para el ordenamiento territorial.

Pero sin duda, una de las prioridades del Ejecutivo será sacar adelante el proyecto de ley de seguridad ciudadana, que busca mejorar la percepción de seguridad entre los ciudadanos colombianos, así como darles herramientas a los jueces y a la Policía para mantener privadas de la libertad a las personas que reincidan en la comisión de un delito y a quienes utilizan la violencia en hurtos.

Sin embargo, según algunos analistas los tiempos están muy ajustados para lograr discutir a fondo esta iniciativa que fue radicada con mensaje de urgencia por parte del Gobierno Nacional.

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Pero Gómez muestra otra perspectiva al respecto. “Es muy importante, porque busca atacar la dificultad que tienen las ciudades en momentos en que pasa la pandemia y, por dificultades económicas, aumenta la delincuencia”.
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Y el presidente del Congreso también argumenta que es necesaria expedirla rápidamente “porque los ciudadanos han optado por impartir justicia por su propia mano”.

Es por ello que, al parecer, la Administración Duque llamaría al menos dos días a sesiones extraordinarias a los integrantes del Senado y la Cámara de Representantes para impulsar la discusión y la aprobación y otros proyectos de ley que igualmente son de su interés.

“También tenemos la ley de acción climática, que fue anunciada por el presidente Iván Duque en la cumbre de Glasgow y que pone a Colombia en el primer puesto en liderazgo en metas ambientales para el año 2030”, anunció Gómez.

Un grupo de 46 ascensos a miembros de la Policía Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea fueron aprobados ayer en la Comisión II del Senado, pese a cuestionamientos de congresistas de la oposición a la iniciativa.

Dichas objeciones están relacionadas con el presunto relacionamiento de algunos de los promovidos con casos de supuestas violaciones de Derechos Humanos durante las jornadas de protesta que han tenido lugar en los años 2019, 202o y 2021, como también en los llamados ‘falsos positivos’.

No obstante, los ascensos fueron defendidos por Gómez, quien sostuvo que “si por algunos sectores de la oposición fuera, pues en Colombia lo que haríamos sería quitar las Fuerzas Militares y la Policía y poner boy scouts para que no podamos controlar las manifestaciones y lo que sucede día a día en las calles y poder seguir expandiendo su ideología política, que es completamente contraria a la institucionalidad y al Estado de Derecho que preservamos en Colombia”.

De igual forma, el también senador José Luis Pérez respondió a los cuestionamientos señalando que “todo reposa en la secretaría general (del Congreso), habilitando al grupo de generales y coroneles que hoy tenemos en consideración para el ascenso. Y en esa presunción de inocencia y el debido proceso político, que es el mío, no voy a señalarlos o anticiparles cualquier fallo”.

Por su parte, el senador John Harold Suárez consideró que “ha hecho carrera en el país enlodar, mancillar y macartizar con supuestos el nombre de cualquier persona que es elegida o postulada a un cargo público o a un ascenso en su carrera dentro de las Fuerzas Armadas, desconociendo sus derechos constitucionales al buen nombre, al debido proceso y a la presunción de inocencia”.

Lo cierto es que los ascensos se terminarán de aprobar en la plenaria del Senado.

Entre los últimos temas discutidos por el Senado están el de las comunidades étnicas de La Guajira y el cumplimiento del Acuerdo de Paz por el Gobierno.

Un capítulo que tiene varios pendientes en el Congreso de la República es el trámite de leyes que la Corte Constitucional le ha ordenado aprobar, luego de sentar jurisprudencia en diversos fallos.

Por ejemplo, días atrás se volvió a hundir, por tercera vez en la presente legislatura, la iniciativa con la cual se busca que en Colombia se habilite la eutanasia en los casos de extrema enfermedad, pese a ser impulsadas por congresistas como Juan Fernando Reyes Kuri.

Dicho proyecto no ha sido acogido en más de trece años por los legisladores nacionales, dicen los críticos de esa decisión, debido a posturas morales y religiosas que, según estas mismas voces, van en contravía del querer de muchos ciudadanos.

Una iniciativa que tampoco ha tenido en la corporación es el relacionado con el uso del cannabis medicinal en Colombia, puesto que se hundió en su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, bajo el criterio de que, al aprobarlo, se estaría legalizando el consumo abierto de droga en el país.

Una suerte parecida ha corrido la iniciativa legislativa que busca la despenalización del aborto en Colombia. Sin embargo, en este caso los legisladores han optado por esperar la sentencia que en los próximos días debe producir la Corte Constitucional sobre el mismo tema.