La controvertida propuesta de Uribe de una amnistía para lograr la paz

El expresidente Álvaro Uribe volvió a causar controversia con una propuesta que combina lo político y lo jurídico: La discusión de una amnistía general que le permita al país hacer una especie de borrón y cuenta nueva acerca de lo ocurrido en el conflicto armado.

Aunque la idea comenzó como una amnistía general (el perdón de todos los delitos sin que se adelante una investigación), con el paso de los días fue evolucionando hacia una especie de esquema de justicia transicional que incluiría, entre otras cosas, reconocer derechos políticos a personas condenadas, conceder libertad condicional a miembros de la fuerza pública, crear una sala especial en la JEP y aplicar la ley de Justicia y Paz en algunos casos.

La propuesta de Uribe tuvo críticas y respaldos, algunos de ellos inesperados. Mientras que el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, fue tajante en decir que no permitirá ningún tipo de amnistía mientras ocupe el cargo, el senador Gustavo Petro no descartó la idea del todo, siempre y cuando haya devolución de todos los bienes a los despojados y verdad completa.

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Los exnegociadores de paz Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo también le salieron al paso a la iniciativa, porque, según ellos, atentaría contra los derechos de las víctimas.

A lo que la senadora Paloma Valencia les respondió que ellos hacen crítica de la propuesta, pero le habrían dado una amnistía especial a los excombatientes de las Farc en la negociación de La Habana.
“No parece preocuparles que los colombianos que cometen un delito, excepto las Farc, pierdan los derechos políticos”, dijo Valencia en su Twitter.

Si bien arranca ahora un debate político, pues la intención del expresidente es que el tema se discuta en el Congreso, también hay en la propuesta, lugar a un debate jurídico para evaluar si lo que se propone es una amnistía, si puede abrir la puerta a la impunidad y si puede obstaculizar el trabajo que ya viene haciendo la JEP.

De acuerdo con el borrador de la propuesta, dado a conocer por el exsenador el jueves, las personas que están condenadas o procesadas por diversos delitos, o que tienen sanciones o procesos administrativos de inhabilidades de derechos, pueden ser elegidos solo por una vez en cargos de representación popular.

Esto con la excepción de aquellos que están condenados por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes ya procesados por la Corte Penal Internacional y de corrupción en contrataciones públicas.

También por una única vez, de acuerdo con la propuesta, se ampliarán los subrogados penales (penas alternas a la prisión y suspensión de la pena) a personas que estén condenadas o siendo procesadas, exceptuando nuevamente los delitos anteriores.

Otras medidas propuestas en este borrador aplican para aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas que cometieron delitos hasta la fecha de la promulgación del acto legislativo y que hayan completado cinco años privados de la libertad, pues podrán obtener su libertad y gozarán de derechos políticos.

El exsenador propuso además que las personas que se beneficien de esta norma deban realizar una reparación de víctimas, pedir perdón por el daño causado, reconocer los hechos y contribuir con información para la búsqueda de la verdad.

Con relación a la Justicia Especial para la Paz (JEP), Uribe afirmó que deberá haber una nueva estructuración para la investigación y juzgamiento de los excombatientes de los grupos al margen de la ley, esto por hechos ocurridos hasta diciembre de 2016 y que aquellos que se desmovilicen de otros grupos armados hasta la fecha, se regirán bajo la ley 975 de Justicia, Paz y Reparación.

Para Jorge Iván Cuervo, investigador de la Universidad Externado, aunque esta propuesta fue presentada por el exsenador como una amnistía, "cuando uno mira la propuesta hay varias excepciones que demuestran que no se trata de una amnistía general”.

Agrega que estos cambios propuestos deben hacerse a través de una reforma constitucional, y que la propuesta además de generar impunidad, le resta competencia a la JEP, “porque si esta no puede adelantar acciones en los temas relacionados con el conflicto sólo le quedarían los crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

Por su parte, el analista Jhon González destaca que esto implicaría un gasto presupuestal enorme porque habría que crear un sistema de justicia paralelo, además de que genera un riesgo de que a futuro se convierta en una fuerza para solicitudes de otras aministías, deslegitimando el derecho penal, lo que lo hace totalmente inviable.

A estos argumentos se suma el abogado penalista Marlon Díaz, quien explica que no se puede pensar en un sistema transicional paralelo al de la JEP porque no se puede pensar en revivir de alguna manera la ley de justicia y paz: “Esta solo se aplicaba a las personas que se desmovilizaron hasta una fecha determinada, por lo que no se puede aplicar en este momento”.

Es la propuesta de que Colombia se enrute por la vía de la impunidad. Es una ruta jurídicamente inviable, tanto desde el punto de vista de la Constitución Política de Colombia, como desde el punto de vista del derecho internacional. Adicionalmente, me parece que es una propuesta indecente con más de 9 millones de víctimas en Colombia", señaló el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes al ser consultado el anterior jueves por W Radio.

"La ruta por la cual tiene que atravesar el país es aquella en la que el Estado a través de sus órganos judiciales y particularmente de la JEP, investigue y sancione a los principales responsables de graves delitos", dijo el Presidente de la JEP.

"No le veo ninguna viabilidad, Colombia no puede ser el espacio de la impunidad y no se puede tampoco seguir vulnerando los derechos de las víctimas y revictimizándolas con propuestas inauditamente violatorias de las normas nacionales e internacionales", agregó Cifuentes.