La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra el congresista Alex Flórez por presunto lavado de activos

La Corte Suprema de Justicia inició una investigación formal en contra del congresista Alex Flórez, por los supuestos delitos de concusión, lavado de activos y falsedad en documento privado. Este organismo busca conocer si el político pidió a contratistas de Medellín con el fin de financiar su campaña al Senado, así como otras irregularidades.

Este caso investiga los hechos de septiembre de 2021, mientras que Flórez se desempeñaba como Concejal de Medellín por el movimiento Independientes y habría solicitado a contratistas de Medellín aportes económicos para financiar su campaña; sin embargo, se revelaron irregularidades en los reportes presentados.

A pesar de que llegó al Concejo de la capital antioqueña con más de 7.000 votos, Flórez no duró mucho tiempo en el cargo, puesto que el Tribunal Administrativo de Antioquia le declaró la pérdida de investidura, porque cuando fue candidato era contratista, lo que está prohibido. Es por ello que en diciembre de 2021, el Consejo de Estado comprobó la decisión, por lo que Flórez perdió su curul.

Cabe resaltar que desde el 12 de julio, la Corte Suprema está investigando al Senador por otro delito, el de violencia intrafamiliar agravada por acciones que habrían tenido lugar entre 2020 y 2021, cuando habría violentado física y verbalmente a su entonces pareja.

Una vida política llena de polémicas

En 2023, la Procuraduría suspendió por 8 meses al senador Alex Flórez por haber agredido a tres miembros de la Policía en Cartagena en septiembre de 2022, mientras estaba en estado de embriaguez, luego de que no se le permitiera la entrada a un hotel en compañía de otra persona.

“Pese a la retractación, el hecho de que un servidor público haya sido elegido por voto popular no lo deja por fuera del alcance del derecho disciplinario, porque justamente hay muchas infracciones disciplinarias que no son delitos”, explicó previo al anuncio de la decisión la Procuraduría.

También se argumentó, entre otras razones, que luego de la investigación encontraron dos agravantes. “Se demostró que el acusado causó un grave daño social. El primero, el cargo ocupado por el disciplinable, es congresista, es uno de los cargos más altos del Estado colombiano, pertenece a una corporación de orden nacional a la que se llega en virtud del ejercicio del voto popular, reservado para pocos ciudadanos de nuestro país”, sostuvieron.

A línea seguida indicaron que por ello, “se le puede exige mayor ética y transparencia de acuerdo a la ley… para no defraudar al sector social que lo eligió”.

Según la Procuraduría, durante la madrugada del 2 de septiembre de 2020, el Senador “afectó derechos fundamentales de los tres agentes de la Policía… Lesionó su integridad moral, honra, buen nombre y dignidad personal... Quienes mantuvieron la calma pese a las agresiones desmesuradas”.