La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ordenó iniciar la investigación por ‘chuzadas’ a los magistrados

Frente a la gravedad de las denuncia sobre presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a uno de los despachos de los magistrados denunciada este miércoles por SEMANA, “la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, ordenó iniciar la investigación correspondiente de forma inmediata en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia”, indicó la Fiscalía General de la Nación a través de un comunicado.

Se confirmó que la Fiscal General dispuso los recursos de la entidad para avanzar con una investigación que permita establecer los alcances y el impacto de la situación que se denunció este miércoles.

“Teniendo en cuenta que nuestra política de comunicación es informar a la ciudadanía de manera clara, oportuna y transparente, en condiciones de igualdad a todos los medios de comunicación, la Fiscalía General de la Nación rechaza categóricamente cualquier insinuación de filtración deliberada o indebida”, se aseguró en el comunicado de la Fiscalía.

Según el comunicado, en caso de existir una chuzada ilegal afectando la seguridad de las personas que denunciaron y sus familias, así como de las investigaciones que deben ser reservadas naturalmente. “Es falso que el Despacho de la Fiscal General de la Nación haya divulgado el documento suscrito por uno de los magistrados de la Corte Constitucional”, se enfatizó.

Cabe resaltar que la denuncia quedó consignada en una carta que el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, le entregó a la fiscal, en la que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez aseguró que él y su esposa estaban siendo perseguidos.

“Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia”, se reveló en el documento al que tuvo acceso SEMANA.

De la misma manera, los encargados del seguimiento “con fines de perfilamiento” a su esposa serían, al parecer, funcionarios del área de monitoreo y analítica de la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República.

Pero las denuncias de Ibáñez no se quedaron en su persona: “También he verificado que han sido intervenidas las comunicaciones de los magistrados auxiliares que trabajan en mi despacho (...) Es una situación absolutamente irregular y arbitraria de la cual somos víctimas (...) y no descarto que esa misma actuación se pueda estar dando en relación con otros magistrados de la Corte Constitucional”.