La Fiscalía dictó medidas para proteger la libertad de prensa en el país. ¿De qué se trata?

En las últimas horas el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, por medio de la directiva 003, impartió lineamientos claros frente a entrevistas y pruebas testimoniales, un documento que según la entidad investigadora “pretende defender la libertad de prensa en el país. En ella abordó el secreto profesional de los periodistas en relación con las investigaciones penales”.

De acuerdo con la Fiscalía, las nuevas disposiciones en conocimiento de la opinión pública van en la línea de lo expuesto en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fundamenta la libertad de expresión y de prensa.

Así las cosas, el ente acusador como primera de cuatro acciones decidió que tanto la Policía Judicial como los fiscales deben tener respeto con el secreto profesional de los periodistas, “para garantizar que el comunicador pueda tener mejor acceso a las fuentes de noticias y que la ciudadanía pueda acceder a la información de interés público”.

También, como segundo elemento, se definió una prohibición especial para que fiscales exijan a periodistas rendir entrevistas o declaraciones relacionadas con información que le suministran sus fuentes en concordancia con lo expuesto por la Constitución.

En tercer lugar, la Fiscalía determinó que los periodistas pueden llegar a ser citados y rendir versión en calidad de testigos dentro de los procesos judiciales, pero con las estrictas limitaciones que establecen las leyes.

Como cuarta y última medida, la entidad aseguró que los fiscales no podrán ordenar cualquier actividad investigativa que ponga en riesgo el secreto periodístico, tales como la inspección al lugar de trabajo de los comunicadores, a la empresa de la que hacen parte o a cualquier otro sitio donde pueda reposar información que utilicen para su trabajo y sea de interés público.

“La Fiscalía seguirá ejerciendo su misión constitucional en el marco del respeto a los Derechos Humanos y a las distintas instituciones que conforman la sociedad democrática colombiana”, manifestó la entidad.

El reciente pronunciamiento se conoce luego de que diferentes sectores de la sociedad cuestionaran la primicia de la revista Semana donde una fuente protegida y cercana al fallecido coronel Óscar Dávila le confirmó que el dinero perdido en la casa de Laura Sarabia, exjefa de Gabinete de la Presidencia, eran $3000 millones que pertenecían a Gustavo Petro.

“La plata era de Petro, eran cinco maletas y 3000 millones de pesos”, dijo la fuente al medio de comunicación.

La revelación de este testimonio levantó ampolla sobre todo en figuras cercanas al Gobierno, quienes exigieron la revelación de las fuentes de la comunicadora e incluso una intervención de carácter judicial a la casa periodística.

“La Revista Semana debe ser intervenida por la Fiscalía General para que encuentren las pruebas que los llevan a hacer esta afirmación ruin. ¿Contrata testigos falsos esta revista? ¿A quien le sigue el ejemplo? Fiscal Barbosa es su obligación actuar ante el delito que comete está revista”, trinó la congresista del Pacto Histórico citando el trabajo periodístico de Semana.

Sumadas a este tipo de solicitudes, algunas expresiones del presidente Petro en relación con la prensa no han caído bien en varios sectores de la opinión pública, razón que también motivó el reciente pronunciamiento de expresidentes iberoamericanos, entre los que se encuentra Iván Duque Márquez.

“En una sociedad democrática no solo es legítimo, sino que en ocasiones constituye un deber de las autoridades estatales, pronunciarse sobre cuestiones de interés público. Sin embargo, al hacerlo están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto deben constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en razón de su alta investidura, del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población, y para evitar que los ciudadanos y otras personas interesadas reciban una versión manipulada de determinados hechos”, se lee en el documento.