La JEP cita a declarar al general (r) Mauricio Santoyo, antiguo hombre de confianza de Álvaro Uribe

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a declarar al general retirado Mauricio Santoyo, antiguo jefe de seguridad de la Casa de Nariño durante el gobierno de Álvaro Uribe, contra quien se adelanta un proceso por los delitos de concierto para delinquir y la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes).

“Citar al señor Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, en compañía de su defensor, a una audiencia adicional de aporte a la verdad plena con el concurso de los magistrados Óscar Javier Parra Vera y Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez que adelantan el macrocaso 008 en la SRVR”, dice el auto de la citación.

La audiencia, dice el documento, se realizará de manera presencial el 21 de marzo de 2024 a las 9:00 a. m. en la sede principal de esta Jurisdicción en Bogotá, amplíe los detalles acerca de los delitos que le fueron imputados.

“De ser su voluntad, los magistrados podrán allegar a este despacho un temario a ser desarrollado por el compareciente en la audiencia, el cual le será trasladado oportunamente”, dice el documento.

De igual forma, se citó a Adriana Patricia Quintero Úsuga, “para que, si es su deseo, asista a la precitada diligencia acompañada de su representante judicial y ejerza sus derechos como víctima reconocida en este asunto”.

Hay que recordar que la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa ocurrió el 6 de diciembre de 2001 cuando el general Mauricio Santoyo, entonces coronel de la Policía, era el comandante del Gaula en Medellín. Para la JEP, la información entregada hasta ahora por Santoyo a la Jurisdicción Especial no ha sido clara ni suficiente, y por tal razón ha sido citado.

Vale también decir que su comparecencia es obligatoria, toda vez que por tratarse de un ex policía, debe presentarse forzosamente. Solo los terceros civiles o agentes del Estado no combatientes pueden decidir si prefieren seguir en la justicia ordinaria o pasar a la JEP.

Su condena

El oficial retirado pagó condena en Estados Unidos, donde confesó haber apoyado a los grupos paramilitares entre 2001 y 2008. Ese periodo incluye los cuatro años en que sirvió como jefe de Seguridad de la Casa de Nariño durante el primer gobierno de Álvaro Uribe.

Además de los delitos de concierto para delinquir y la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, Santoyo es investigado por las autoridades colombianas por el asesinato del periodista Jaime Garzón ocurrida en 1999 y quien purgó una pena por nexos con grupos paramilitares.

Santoyo aceptó, ante la Corte del Distrito Este de Virginia, que recibió plata de jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia y que como alto mando de la Policía tuvo con ellos intercambio de asistencia y apoyo en varias operaciones. Para la Justicia de Estados Unidos, las AUC son un grupo narcoterrorista, por lo que Santoyo pudo haber afrontado una sentencia de más de 20 años de cárcel. Pero dado que aceptó su responsabilidad y tuvo buen comportamiento, consiguió rebajas sustantivas. Pagó siete años efectivos de cárcel.

De esta manera, Santoyo arribó al país el 29 de abril de 2019. Una vez arribó al país el general en retiro, la Comisión Colombiana de Juristas no escatimó en solicitarle al fiscal de ese momento, Néstor Humberto Martínez, la detención del ex oficial, por la desaparición de Mesa y Monsalve Pulgarín.

Según data la Comisión, los hechos ocurrieron en octubre del año 2000. El informe reveló que Claudia Patricia y Ángel José se habían incorporado a corporaciones de Derechos Humanos para denunciar y buscar a sus familiares desaparecidos y asesinados por grupos paramilitares y agentes de la fuerza pública.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía en el momento de la desaparición forzada de los dos activistas, se determinó que la línea telefónica fija de la organización estaba interceptada ilegalmente por una orden falsa de un fiscal adscrito al Gaula Urbano de Medellín.

Según la Comisión, a raíz de este hecho, se descubrió la “más grande operación de interceptaciones ilegales por parte de esa unidad policial, actividad delictiva que se inició al mando del comandante Regional del Gaula de la Policía en Medellín, Mauricio Santoyo Velasco, bajo cuya dirección se produjo el periodo con mayor auge de estos crímenes debido al aumento de la capacidad operativa”.