La JEP ordena proteger a 124 firmantes de paz en riesgo en el Catatumbo por amenazas del ELN

Ante la crisis de seguridad en Catatumbo, Norte de Santander, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó el traslado de 124 firmantes del Acuerdo de Paz que están en riesgo por la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos armados en la zona.

Además, solicitó medidas urgentes para proteger a otros excombatientes en proceso de reincorporación y avanzar en la búsqueda de al menos 12 desaparecidos.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP ordenó al Ministerio de Defensa garantizar de inmediato la evacuación de los 124 excombatientes que se encuentran en riesgo en la región y mantener los anillos de seguridad en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Caño Indio y en el Nuevo Área de Reincorporación (NAR) de Tibú.

Además, el Ministerio del Interior, en coordinación con la Gobernación de Norte de Santander y las alcaldías locales, deberá implementar un plan de atención humanitaria para las personas en proceso de reincorporación y desarrollar estrategias para prevenir violencias basadas en género en los refugios habilitados.

Según cifras presentadas ante la JEP, cerca de 80 personas han sido asesinadas en la región y al menos 40.000 han sido desplazadas. En la última semana, fueron asesinados seis firmantes del Acuerdo Final de Paz: Pedro Rodríguez Mejía, Johan Carlos Carvajal Quintero, Albeiro Díaz Freno, Jon Freddy Carrascal García, Sergio Vivas y Pedro Nel Angarita.

Los abogados de los excombatientes denunciaron que, además de los homicidios, se han registrado desplazamientos forzados y la retención ilegal de al menos 30 civiles, incluidos firmantes del Acuerdo.

La JEP ordenó a la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, diseñar y ejecutar un plan para localizar a 12 excombatientes desaparecidos en la región.

También le solicitó presentar un informe sobre las investigaciones relacionadas con la criminalidad en el Catatumbo y acelerar los procesos judiciales para esclarecer los homicidios y desapariciones forzadas.

A su vez, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización deberá presentar un informe sobre el estado de las gestiones para garantizar el desembolso del seguro funerario a las familias de los excombatientes asesinados, la renta básica de los firmantes en proceso de reincorporación y la continuidad de proyectos productivos afectados por la crisis de seguridad.

Finalmente, la sección ordenó al Ministerio Público, integrado por las Personerías, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, diseñar una programación territorial con una estrategia enfocada en garantizar la atención urgente y masiva a los excombatientes del Catatumbo, para la toma de sus declaraciones y la activación de las rutas de atención correspondientes.

La JEP advirtió que los homicidios y desplazamientos forzados no solo afectan a los excombatientes y sus familias, sino que también impactan los proyectos productivos, la estabilidad económica y el tejido social en los territorios.

Asimismo, el tribunal de paz reiteró que la protección de los firmantes del Acuerdo de Paz es clave para garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado.

*Con información de Colprensa.