La lucha "estancada" de Colombia contra la corrupción

Con 37 puntos sobre 100, Colombia se ubicó en el puesto 96 entre 180 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción, IPC, 2019, un informe publicado por la organización Transparencia Internacional.

Hay que decir que en este ranking se usó una escala de 0 a 100, donde 0 significa corrupción elevada y 100 ausencia de corrupción. Teniendo en cuenta estos valores, el IPC le asignó una puntuación a 180 países y territorios en función de los niveles percibidos de corrupción en el sector público, de acuerdo con la opinión de expertos y empresarios.

Según dicho informe, los países que pueden considerarse como los menos corruptos -ya que obtuvieron las calificaciones más altas- son Nueva Zelanda y Dinamarca (con 87 puntos), seguidos por Finlandia (86), Singapur (85) y Suecia (85).

Por su parte, los países que pueden considerarse como los más corruptos -ya que obtuvieron las puntuaciones más bajas- son Somalia, Sudán del Sur y Siria, con calificaciones de 9, 12 y 13 puntos respectivamente. Los siguen muy de cerca Yemen (15) y Venezuela (16).

Además, la percepción de corrupción media entre los 180 países evaluados fue de 43/100. Asimismo, 2 de cada 3 naciones obtuvieron puntuaciones inferiores a 50/100.

Hay que decir que en América Latina Colombia se posicionó por debajo de Uruguay (que obtuvo 71 puntos), Chile (67), Costa Rica (56) y Argentina (45).

Entre tanto, los países que registraron peores puntajes que Colombia fueron Perú (36), Brasil (35), Paraguay (28) y Venezuela (16), que ocupó el último lugar en la región.

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Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, aseguró que, pese a que el país mejoró tres lugares en el ranking con respecto al 2018 (ya que pasó de la posición 99 a la 96), todavía no hay una mejoría significativa en cuanto a la percepción de corrupción.

“Si miramos la calificación de Colombia, al país se le asignó una puntuación de 37/100, muy por debajo de la media, que es 43/100. Entonces no estamos identificando que haya un salto significativo entre un año y otro y, más bien, volvemos a la idea de que Colombia hace parte de esos países que a nivel global están mostrando signos de estancamiento en materia de lucha contra la corrupción”, aseguró Hernández.

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Para el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, escándalos como el del ‘cartel de la toga’ y la corrupción en la Fiscalía General de la Nación han afectado “fuertemente” la percepción de eficiencia de la Justicia para sancionar adecuadamente la corrupción en el territorio nacional.

“Además, lo que nos dicen varios instrumentos es que la contratación pública y el empleo público en Colombia siguen siendo unos ámbitos de alto riesgo de corrupción, sobre todo porque todavía existe mucho presupuesto que se asigna a través de mecanismos de contratación directa o por medio de regímenes excepcionales a la normatividad”, explicó Hernández.

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El académico añadió que el financiamiento a las campañas políticas en el país es otro de los temas preocupantes. “Lo que vemos es que cuando el financiamiento no es transparente, hay un riesgo muy alto de que este se haga de manera irregular o, incluso, de fuentes ilegales”.

Asimismo, la investigación de la organización Transparencia Internacional señala que los flujos no regulados de grandes capitales hacia la política convierten las políticas públicas en vulnerables a las influencias indebidas.

En este sentido, las naciones que cumplen la normativa aplicable a la financiación de campañas políticas son los que presentaron bajos niveles de corrupción, con un promedio de 70 puntos en la calificación en el IPC.

Mientras, aquellos en los que estas regulaciones no existen o se cumplen de forma deficiente, tuvieron una puntuación media de 34 y 35, respectivamente.

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Además, es pertinente resaltar que el 60% de los países que mejoraron significativamente su puntuación en el IPC desde el 2012 también mejoraron en el cumplimiento de la normativa de financiación de campañas políticas.

“Para tener alguna posibilidad de reducir la corrupción, debemos acabar con la relación entre la política y los grandes flujos de dinero. Toda la ciudadanía debe estar representada en los procesos de toma de decisiones”, afirmó Patricia Moreira, directora ejecutiva de Transparencia Internacional.

Según analistas, como nunca antes en la historia, este 2020 el país vivirá de lleno los efectos de varias normas que se han expedido a través de varias leyes que se tramitaron en el último año.

Las mismas se hicieron realidad luego de enormes batallas políticas, que incluyeron, por ejemplo, la Consulta Anticorrupción.

“Es claro que pasará mucho tiempo para que Colombia tenga un Estado sin corrupción, pero estas leyes que están entrando en vigencia permitirán un primer paso para que la sociedad exija cada vez más a sus funcionarios que no sean corruptos”, sostuvo el analista Luis Estrada.