La puja de los congresistas por ampliar el reporte de conflicto de intereses

Una puja grande es la que se está dando por estos días en el Congreso de la República, en donde está a punto de aprobarse la primera ley del paquete de reforma anticorrupción, y que busca que los senadores y representantes amplíen su conflicto de intereses hasta su tercer grado de consanguinidad.

El proyecto busca reformar la Ley Quinta o Reglamento del Congreso de la República, para que los congresistas radiquen ante las Secretarías de cada cámara sus conflictos de interés, así como los que afecten su tarea congresional por parte de su cónyuge y familiares hasta el tercer grado de consanguinidad.

Y eso es precisamente lo que ha llevado a que muchos congresistas, de la mayoría de partidos en la Cámara de Representantes se opongan a que el artículo de este proyecto de ley quede con esa reforma, al punto de que ya pasaron dos semanas y se tomará hasta la próxima para que se defina en la plenaria si se acoge la propuesta que fue llevada, entre otros, por la representante a la Cámara Juanita Goebertus.

Precisamente la representante Goebertus indicó que esta ampliación de la declaración de conflicto de interés “no es cómo se ha dicho aquí, que tengamos que declarar los bienes de los familiares; lo que hay y que retoma lo que existe en el artículo 287 de la Ley 5 es 'participación en sociedades anónimas, organización, sociedad privada con ánimo o sin ánimo de lucro', por lo que es fundamental que haya transparencia sobre ellos para hacer ese rastreo”.

Una de las voces más críticas a esta propuesta ha sido la del expresidente de la Cámara Alejandro Carlos Chacón, quien sostiene que “los congresistas son los únicos servidores públicos que tenemos conforme al artículo 257 de la Ley 5 la obligación de registrar nuestros intereses privados dentro de los primeros 30 días de iniciar nuestro periodo constitucional, según dice el artículo 288”.

Señaló, además, que “esa obligación es para que nosotros declaremos esas situaciones particulares que impliquen beneficios en asuntos sometidos a la consideración del Congreso y en las que tengamos parte; ya existe esa obligación que se encuentra en el Congreso. La pretensión de este proyecto, que no quiere decir que sea mala ni que nos opongamos, es que se pudieran ampliar esas obligaciones a terceros con nombre propio incluyéndolos y que son terceros a pesar que sean familiares nuestros”.

Chacón y otros representantes plantearon también que el derecho a la intimidad lo pueden regular los mismos congresistas.

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Por su parte, el representante a la Cámara por Cambio Radical César Lourduy, sostuvo que “es imposible que los congresistas sepan en qué participan sus familiares siendo que las empresas tienen velo corporativo. Nunca podremos saber la participación de una persona en una sociedad anónima”.

A su vez, el representante del Partido de La U, John Jairo Hoyos,  sostuvo que “son unos sinvergüenzas, quieren colocar contra las cuerdas a la gente que nosotros amamos, métanse conmigo pero no con mi mamá, mi esposa y mis hijos, porque no lo permito, el hecho de que el pueblo me haya dado la posibilidad de representarlo lo hago con el debido cuidado por eso no me declaro impedido y legislo. Pero poner los bienes de mi familia para el escarnio público de manera permanente, no lo acepto”.

Por su parte, la vicepresidente Marta Lucía Ramírez sostuvo que el compromiso de la lucha contra la corrupción no sólo es de los promotores de la consulta, sino también un compromiso del Gobierno de Iván Duque. “Este es un Gobierno que ha mostrado, desde el primer día, que tiene un talante de transparencia. Hemos ido más allá de la estridencia de los gritos, con acciones permanentes y contundentes, para cerrar el espacio a la corrupción en nuestro país”.

Según Ramírez, “muchas de las propuestas de la consulta anticorrupción, venían desde la campaña presidencial, las teníamos varios candidatos. Lo que surgió después de esa consulta, fue esa unión de esfuerzos para impulsar proyectos en el Congreso”.

Reconoció que tramitar las normas en el Congreso no ha sido fácil, pero negó que el compromiso gubernamental haya desaparecido. “Este tipo de proyectos a veces toca intereses, pero hemos insistido, por eso, se volvieron a presentar el 20 de julio, reforzados. Hay medidas que yo misma he incluido para apuntarle a la prevención, mucho más que la consulta, orientada básicamente a las sanciones. Nosotros sí queremos castigos más drásticos, que se acabe esta sinvergüencería de la casa por cárcel a los corruptos, que es un espectáculo totalmente inaceptable, pero hacemos énfasis en la transparencia”, afirmó.