La terna que se baraja para elegir al nuevo fiscal general de la Nación: ¿quiénes son los opcionados?

El presidente Gustavo Petro se encuentra en la encrucijada de tomar una decisión crucial en menos de cuatro meses: definir la terna de candidatos que enviará a la Corte Suprema para elegir al próximo fiscal general, quien asumirá el cargo en febrero de 2024 en reemplazo de Francisco Barbosa.

Esta elección ha generado preocupación en diversos sectores políticos debido al posible radicalismo que podría prevalecer en el organismo judicial. Especialmente inquietante es la postura revelada por el presidente hace dos semanas, cuando afirmó públicamente que el fiscal es un subordinado, es decir, quiere alguien dispuesto a acatar sus órdenes. Petro fue claro al afirmar: “Yo soy el jefe de Estado y, por tanto, su jefe”, en clara alusión a la necesidad de un fiscal que se alinee con su visión y agenda política, a pesar de las marcadas diferencias que ha tenido con Francisco Barbosa.

Estas declaraciones desencadenaron un terremoto político y judicial con múltiples repercusiones, entre ellas, la indignación de la Corte Suprema de Justicia, el órgano encargado de la elección del fiscal, que hizo un llamado a preservar la separación de poderes. Ese día quedó en evidencia la tensa relación existente entre el Palacio de Nariño y las altas Cortes, generando incertidumbre sobre el futuro de la independencia judicial en el país.

Más allá de las preocupaciones generadas, es evidente que el presidente Petro busca un fiscal que esté alineado con su visión y objetivos, siguiendo el patrón establecido por Juan Manuel Santos al nominar a su exministro Néstor Humberto Martínez, y por Iván Duque al impulsar la elección de Francisco Barbosa, quien además es su amigo personal y excompañero de universidad en la Sergio Arboleda.

Dentro de la baraja de posibles candidatos que contempla Petro, el nombre de Héctor Carvajal se perfila como el más viable. Carvajal es uno de los abogados del presidente y tuvo un papel clave en el acercamiento entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe, un encuentro que parecía imposible, pero que logró facilitar gracias a su intervención como garante.

Carvajal se caracteriza por no polarizar y contar con cercanía con diferentes corrientes políticas, desde el Pacto Histórico hasta el Centro Democrático. Sin embargo, en el uribismo lo ven como un jurista próximo a Uribe, aunque no necesariamente a la mayoría de la colectividad. Como ejemplo de su neutralidad, Carvajal fue el abogado que recomendó a Gustavo Petro para defender al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, cuando la procuradora Margarita Cabello lo suspendió temporalmente del cargo por participación indebida en política.

SEMANA conoció que Carvajal cuenta con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia, siendo uno de los grandes amigos del magistrado de la Sala Penal, Hugo Quintero Bernate, una figura influyente en dicha instancia judicial. Además, tiene cercanía con otros magistrados como Gerson Chaverra y Luis Hernández, lo que le otorga una posición favorable en el proceso de selección.

Si bien Carvajal parece tener su puesto en la terna casi garantizado, el presidente Petro deberá tomar decisiones respecto a los dos restantes candidatos que completarán la lista.

Uno de los interesados en ocupar el cargo de fiscal es el ministro de Defensa, Iván Velásquez. El exmagistrado no se ha sentido cómodo en su actual posición y prefiere regresar a impartir justicia.

Velásquez no ha obtenido los mejores resultados en su gestión como ministro y la desmoralización en las fuerzas militares es evidente. Su relación con los medios de comunicación también es cautelosa, ya que no desea comprometerse y eventualmente tener que declararse impedido en investigaciones futuras si llega a convertirse en el sucesor de Barbosa.

Si bien Velásquez cuenta con la confianza de Gustavo Petro, su radicalismo genera preocupación en la oposición. En el Centro Democrático lo han señalado como uno de los principales perseguidores judiciales de Álvaro Uribe, debido a sus investigaciones por presuntos vínculos con el paramilitarismo. Además, su propuesta de establecer una comisión internacional para apoyar a las autoridades nacionales en la lucha contra la impunidad ha generado dudas en algunos juristas, quienes temen que la Fiscalía pueda perder autonomía en sus investigaciones.

Otro nombre que ha surgido como opción menos polarizadora es el del secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, reconocido abogado con estrechas conexiones en las altas Cortes. Fernández es una persona de confianza para Gustavo Petro y ha estado involucrado en decisiones clave del Gobierno. Sin embargo, se caracteriza por mantener un perfil bajo y ha manifestado a sus amigos cercanos que se siente cómodo desempeñando su labor en la Casa de Nariño, sin hacer lobby, para alcanzar la posición de fiscal general.

Por otro lado, Julio César Ortiz, abogado externadista y delegado del Gobierno en la Cámara de Comercio de Bogotá, también ha sido mencionado como uno de los posibles candidatos. Ortiz goza de una estrecha relación con el presidente Petro y su nombre ha estado circulando como una opción viable, al igual que la exfiscal Martha Lucía Zamora, quien actualmente se desempeña como directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y podría aportar una cuota femenina en la terna.

La elección del próximo fiscal general será un momento crucial para el país, y las decisiones que tome el presidente Gustavo Petro tendrán un impacto significativo en el sistema de justicia y en la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial. La designación de un fiscal independiente, imparcial y competente será fundamental para garantizar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y la transparencia en la administración de justicia.