“Las demandas al Estado son un grave desangre presupuestal”: presidente del Consejo de Estado

Danilo Rojas, presidente del Consejo de Estado, dice que en Cuba se está haciendo “una revolución silenciosa” que llevará al país a una reingeniería jurídica.

Tras la firma de la paz se viene un proceso de  reingeniería jurídica para que “todo este pacto político de La Habana ingrese a la institucionalidad jurídica, al Estado de Derecho, y ahí tenemos que reinventarnos muchas instituciones”, dice el  presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas.

El magistrado, quien estuvo en Cali llamando la atención de los servidores públicos sobre los altos costos de las demandas al Estado, dijo que el Gobierno debería acercarse más a las Cortes para construir juntos esa nueva  institucionalidad.

¿En qué consiste el programa de cultura de legalidad que está promoviendo?

Queremos que las administraciones locales conozcan sus jueces, que sepan que el Consejo de Estado no somos Gobierno sino jueces, que conozcan los tribunales, que no se preocupen solo de la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, sino del juez que condena la Administración. 

Esa cultura de legalidad también apunta a que conozcan las razones por las cuales los estamos condenando. Si los alcaldes y los gobernadores se toman en serio la pedagogía que estamos haciendo, baja la demanda y todo es ganancia: baja la congestión y los procesos se demoran menos. Además, si baja la demanda es porque las cosas las están haciendo bien, están cumpliendo la ley,  y el índice de corrupción debería disminuir y se genera mayor confianza ciudadana en sus instituciones y en sus jueces.

¿Cuáles son los errores en los que más incurren los nuevos servidores?

No creo que todavía haya que imputarles esos errores a los nuevos, eso viene de atrás y se trata precisamente de que los nuevos conozcan y eviten que ocurra lo mismo. Por eso traigo un grupo de colegas del Consejo de Estado y con los magistrados de la región se convoca a toda la institucionalidad para contarles casos concretos por los que los estamos condenando. Por ejemplo,  la estadística presentada  por el presidente del Tribunal de acá muestra que los casos de demandas más recurrentes en el Valle del Cauca tienen que ver con asuntos prestacionales y con pagos a docentes. 

¿Y esos son los mismos casos que se presentan a nivel nacional?

Aquí y en otras partes la mora en el pago de cesantías es impresionante, porque existe una normatividad que dice que por cada día de mora en el pago hay un día de salario mínimo de sanción. Entonces la gente espera, la Administración no paga y después se demanda y en cinco años un millón o dos que había que pagar inicialmente se convierte en $200 millones. Queremos hacer una campaña  nacional, con Hacienda, para que le asignen  unos rubros específicos a los municipios y departamentos a ver si mejora esta situación. 

Otro asunto que no es frecuente, pero sí mucho más costoso, son los contratos: un contrato de obra pública demandado porque se hizo mal puede ser el equivalente a 500 procesos laborales. Y el otro caso son las violaciones a los derechos humanos por  la Fuerza Pública. En este momento en el Valle se deben estar fallando los casos que lo afectaron tanto en relación con la guerra. Son menos casos, pero son muy significativos y muy costosos.

¿Cuánto le costaron al Estado esas demandas el año pasado?

Aproximadamente  $450 mil millones, y hay una expectativa de demandas por fallarse que van entre 2 y 4,5 billones de pesos. Eso es un desangre presupuestal. 

Uno de los capítulos más dolorosos de la guerra en el Valle fue el secuestro y muerte de los diputados, ¿hay demandas sobre eso?

Sé que hay algunos casos, pero ahí no puedo avanzar mucho porque todavía no ha habido pronunciamiento, y tendría que declararme impedido. En ese caso, como en muchos otros, lo que hay que preguntarse es qué debió hacer el Estado, cuál fue la omisión de la Fuerza Pública y hasta dónde alcanza la responsabilidad por temas de omisión.

Hablemos de la paz, ¿cómo analiza los avances de La Habana?

Me parecen muy importantes y sorprendentes. Tengo la hipótesis de que lo que caracteriza a un Estado son tres monopolios: el de la fuerza, el de la justicia y el de los tributos. Una organización social que quiera considerarse Estado tiene que tener los tres. Los 50 años de guerra que hemos padecido han sido  un reto a ese monopolio y cuando en el Comunicado 75 la guerrilla dice que entrega las armas, y creo que eso no se ha evaluado suficientemente bien, está diciéndole al Estado ‘ustedes tienen el monopolio de las armas’. Lo mismo cuando dice no más secuestros —que ellos llaman tributos—  y algo  impresionante es que han dicho ‘nos sometemos al resultado de la Corte Constitucional en relación con el plebiscito para la refrendación’. O sea, están diciendo ‘ustedes tienen el monopolio de la justicia’, se bajaron de la Constituyente y están caminándole a la institucionalidad en todo, en fuerza, en justicia, en tributos. 

Yo creo que eso es una revolución silenciosa y ojalá que esa buena voluntad que se ha presentado  en las conversaciones de La Habana y particularmente ese punto tres del Fin del Conflicto, sea tal cual allí se plantea, con unas buenas garantías. 

Y esa revolución también abarcará la justicia…

Ahorita viene un proceso  de conversión política a reingeniería jurídica, la transición de cómo todo este pacto político de La Habana ingresa a la institucionalidad jurídica, al Estado de Derecho, y ahí tenemos que reinventarnos muchas instituciones. El ejemplo concreto es la Jurisdicción de Paz y el Tribunal que se pretende constituir. Ahí hay dos asuntos muy importantes: el primero es quiénes lo conformarán y cómo, si serán jueces nacionales o extranjeros. 

Creo que hay que tener tolerancia con eso, porque no hay nada escrito. El proceso de paz de Colombia está siendo tomado como un ejemplo de justicia transicional mundial, estamos construyendo una cosa totalmente novedosa para el derecho de justicia transicional y eso hay que celebrarlo.

¿Y cuál es el otro punto del Tribunal de Paz que le preocupa?

El de las competencias, que  es más delicado. ¿Qué es lo que va a conocer ese tribunal de paz? Porque en función de lo que vaya a conocer se van a ver desmantelados los tribunales ordinarios, la Corte Suprema de Justicia, en primer lugar, con los temas penales, que es lo más visible que pasaría. Todos esos temas penales de la guerra, que están caminando en la Sala Penal de la Corte y también en la Fiscalía. Pero el otro gran afectado por ese desmantelamiento natural que se va a dar es el Consejo de Estado y la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, porque estamos, como lo dije, fallando casos de la guerra y lo hacemos igual a como lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con una condena con reparación integral. 

Una pregunta que hay que hacer  es si ese tribunal va a ser parte de la Rama Judicial o no. Hay que tener gran imaginación para que eso político que se ha hecho en La Habana no rompa con toda la juridicidad que tenemos.

¿Pero cree que en algún momento se podría producir un choque de trenes?

Yo espero que no, creo que hay buen ánimo de las Cortes. Me parece que vienen entendiendo que este proceso se nos vino encima, que es un ‘factum’ que hay que entender,  ver las bondades del proceso y creo que vale la pena que nosotros nos reinventemos. Hay que ser tolerantes y vigilantes en relación con lo que está pasando. Eso sí, el Gobierno debería acercarse más a las Cortes y a los jueces, y decirles ‘esto es lo que estamos pensando, cómo ven el asunto, construyámoslo conjuntamente’.

¿Espera un sí de la Corte Constitucional al plebiscito?

En calidad de presidente del Consejo de Estado intervine en la audiencia  y ante la Corte y mi posición fue clara: creo que ese plebiscito es constitucional. Las razones por las cuales se bajó el umbral están justificadas constitucionalmente y lo que argumenté es que no estamos ante cualquier plebiscito, es el más importante de los últimos años en Colombia, solo comparable al de la Constitución del 91 y al plebiscito referendo del 57. Creo que estamos en un momento histórico. Por eso sostuve ante la Corte que la evaluación  de esa ley no debía hacerse solo con los parámetros que establece la Constitución, sino con  los internacionales de justicia transicional.

¿Qué balance hace de la Constitución del 91 25 años después?

El balance es positivo en términos judiciales. Los  mayores defensores de la Constitución del 91 hemos sido los jueces. Porque además de la creación de la Corte Constitucional, ha habido una constitucionalización del derecho en todas las áreas y los jueces en eso han sido muy receptivos. La del 91 fue una Constitución con mucha fuerza en materia de derechos y esa ha sido una de las grandes herencias que hemos tenido en estos 25 años. 

Han querido cambiarla, le han metido  no sé cuántas reformas y ha resistido. Y creo que ahora entra en una fase en la que hay que exacerbar la vigilancia  con este proceso que viene de Cuba. Allí, sin hacer constituyente, se va a hacer una reforma y por eso hablo de una revolución silenciosa.

¿Y cómo ha visto la evolución de la tutela, que ha pasado de novedad a ser materia de abuso?

La tutela pasó de una etapa de adolescencia en la que todo era brillo y en parte locura, y logró algo que era impensable en tan poco tiempo y es una  popularización del derecho. Con la tutela la gente sintió que realmente se podían hacer efectivos sus derechos y eso fue una gran ventaja. Pero con el paso de los años ha habido abusos, como cuando funcionarios ponen muchas tutelas a ver dónde pegan, y eso no es serio.

 En segundo lugar, hay un tema que algunos sectores de la Administración no han querido tomar en serio, y es la salud, donde los requerimientos del sistema parecieran incluir como parte del protocolo la interposición de una tutela, lo cual es absolutamente pecaminoso.  

Y el otro problema que tiene la tutela es en sentencias judiciales: los abogados están viendo en la tutela una posibilidad última para tratar de ganar el pleito que perdieron en el proceso ordinario y ahí, a pesar de que la Corte y el Consejo de Estado han establecido reglas para minimizar esa situación, me parece que los abogados no han sido responsables en el uso de este recurso en relación con las providencias judiciales.

¿Cómo analiza el debate por la asignación de curules a miembros de las Farc?  Lo que diría es que si vamos a hacer una reingeniería institucional, hay que abrir espacios de participación democrática y sino no hacemos nada. El Consejo de Estado anuló la resolución que había acabado  la personería jurídica de la Unión Patriótica, porque si uno miraba la norma escuetamente, efectivamente la UP no logró ni el número de votos ni las curules necesarias y desapareció. Pero desapareció porque la diezmaron y por eso se lo revivió como partido, y esa historia la recuerdo para hacer notar la importancia de la participación política por vía de los partidos y la vía democrática. Si la insurgencia entrega las armas y quiere participar políticamente, hay que darle condiciones especiales por lo menos en una transición porque si entran en la regla general de participación política pues sencillamente electoralmente los muelen.