Las pruebas de la Corte Suprema contra el exsenador Ciro Ramírez por corrupción

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del exsenador Ciro Ramírez, investigado por concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, delitos cometidos entre 2021 y 2022.

Un documento de 345 páginas, en poder de SEMANA, evidencia que el alto tribunal negó al excongresista la prisión domiciliaria. Ramírez, uno de los rostros visibles del partido Centro Democrático, es acusado de participar en una red de corrupción que controlaba millonarios contratos de obras públicas en varios departamentos.

El caso se basa en que Ramírez presuntamente fue intermediario entre el Departamento de Prosperidad Social, dirigido por el procesado por la Fiscalía Pierre Eugenio García Jacquier, y empresas con injerencia en obras en Quindío y Tolima.

La Sala de Instrucción le dio credibilidad al testimonio de Pablo César Herrera, exgerente de Proyecta Quindío, quien habló sobre las reuniones que se habrían realizado en las sedes del Departamento de Prosperidad Social y de Proyecta.

Justamente, uno de los convenios fue firmado por la empresa Proyecta Quindío e involucra a Katherine Rivera Bohórquez, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de Ramírez, y al contratista Anderson González, quienes fueron imputados por la Fiscalía en 2023.

De acuerdo con el ente acusador, Rivera Bohórquez fue el enlace del senador entre el DPS y Proyecta Quindío, lo que funcionó para firmar el contrato, por un valor superior a los $48 mil millones, y prometer coimas que llegaban a los $1.000 millones.

Otra de las personas de confianza de Ramírez era el contratista Alejandro Noreña, quien también era cercano al entramado criminal del senador Mario Castaño. De hecho, una interceptación telefónica a una comunicación entre Ciro Ramírez y Alejandro Noreña fue clave para evidenciar el interés en la entrega del contrato de Proyecta Quindío por valor de 167 mil millones de pesos.

“¿Con cuánto quedaron al final, Alejo?”, preguntó el senador al contratista. A su vez, Noreña respondió: “con 85 mil más 30 mil de vivienda, pero Pierre me dijo que hoy podía variar el monto”. En otra llamada, el contratista también se refirió a la visibilidad que el excongresista tenía en la esfera pública: “Ciro es un redurísimo, eso se ve en los medios”, comentó.

Ramírez fue detenido el 14 de diciembre por orden de la Sala de Instrucción y desde el 15 de diciembre permanece en la cárcel La Picota. El magistrado que lideró la investigación desde junio del 2023, bajo la tesis de que el exsenador es sospechoso de desviar trece contratos, fue Marco Antonio Rueda Soto.

Con la acusación formal de la Sala de Instrucción, el excongresista deberá responder en juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y celebración indebida de contratos.