“Llegamos tarde”: por primera vez, Colombia le pide perdón a una mujer trans por no protegerla

Por primera vez en la historia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un Estado le pidió perdón a una mujer trans por no haber hecho nada para protegerla de distintas formas de violencia y discriminación. Colombia reconoció su negligencia con Raiza Isabela Salazar.

El Estado pidió disculpas en medio de un acto conmemorativo adelantado en la fundación Casa de Mono, en Cali, donde la fundación Santamaría, el Ministerio de Cultura y la Agencia de Defensa Jurídica montaron una exposición que cuenta el legado de Raiza como activista trans.

Raiza llegó a Dagua, Valle del Cauca, en 2001. Compró un condominio y, como contó este martes, 19 de marzo, no le fue respetado su derecho a la propiedad. Los vecinos y el mayordomo del predio comenzaron a agredirla y a amenazarla en medio de actos de violencia que se extendieron por varios años. Ataque tras ataque, la violencia fue ascendiendo hasta llegar a un pico en 2005.

Habían pasado cuatro años en los que Raiza coleccionaba humillaciones en su contra, cuando llegó a un punto en el que no lo soportaba. Las ofensas se convirtieron en balas de salva. Un disparo incluso llegó hasta su cabeza y, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comprometió gravemente un ojo.

En 2005, por eso, decidió abandonar el lugar, por lo que se acreditó en el Registro Único de Víctimas como víctima de desplazamiento forzado. Las intimidaciones llegaron solo porque era una mujer trans. Cuatro años después de su partida, en 2009, regresó al municipio vallecaucano y las agresiones no se hicieron esperar, así que decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía y una solicitud de protección en la Personería de Cali.

En la denuncia narró las continuas amenazas y la “persecución” a la que fue sometida por sus vecinos, el administrador del predio, el mayordomo y varios familiares de él. “Se han dedicado a hacerme la vida imposible”, le expresó a las autoridades.

Asimismo, detalló que en octubre de 2009 no solo recibió las agresiones que llevaba un buen tiempo aguantando, sino que veía cómo arrojaban basura, heces de caballo y rocas a su casa. En alguna ocasión, los denunciados ingresaron a su propiedad luego de subirse en el techo.

La idea de los agresores, según Raiza, era que se fuera. Primero le dijeron que eran “los paracos”, después adujeron que eran “de la guerrilla”. A pesar de todos los pormenores expresados, ninguna autoridad investigó. La Policía luego comenzó un trámite de contravención que aún no termina. Así se lo explicó a Colprensa Déborah Skenassy, integrante de la fundación Santamaría.

Esa organización acompañó a Raiza en septiembre de 2012 a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Colombia remitió su respuesta en noviembre de 2013 y enero de 2018, desmarcándose de cualquier alegada falla. Las contestaciones del Estado buscaban subrayar que las investigaciones seguían adelante desde 2009, cuando Raiza denunció.

En 2018, la CIDH finalmente rechazó la postura del Estado. “A más de ocho años de presentada la denuncia, no se ha desarrollado una investigación tendiente a la determinación de la fuente de los alegados hechos o la responsabilidad penal de los partícipes”, se lee en el informe de admisibilidad.

Colombia, la CIDH, Raiza y Santamaría Fundación llegaron a un acuerdo de solución amistosa en agosto de 2022. En él se pactó que el Estado debía reconocer su responsabilidad internacional y pedir perdón, algo que se cumplió este martes por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. ”Nos encontramos ante un hecho histórico”, señaló el director encargado de la Agencia, Jhon Camargo, quien empezó contando la historia de Raiza, que dio lugar al evento.

“Un perdón no tiene sentido si no hay contexto y, sobre todo, si no hay sentimiento”, apuntó. Camargo remarcó que la mujer es “ciudadana y parte de esta sociedad”, además de alguien que “ha luchado por su felicidad” como estilista, modelo y amante de la naturaleza. “Ha hecho visibles a los invisibles”, sostuvo en un discurso que dio “en nombre del Estado colombiano”.

”Como Estado, nos demoramos en dar respuesta oportuna a sus denuncias”, declaró, enfatizando que los llamados por una respuesta estatal comenzaron en 2001. “El Estado viene hoy a reconocer su responsabilidad internacional” por no haber otorgado garantías judiciales.

Al país, continuó Camargo, “le asistía la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables”. No obstante “la verdad, llegamos tarde”. Aun así, la valentía, el coraje y la voz de la mujer “no pudieron ser calladas”, sino que llegaron al acto de reconocimiento, que fue vigilado por la propia CIDH.

”En representación del Estado colombiano, con profundo respeto, reconozco la responsabilidad internacional por la vulneración de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial”, que están planteados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La lucha de Raiza Isabela Salazar “debe inspirarnos”, tanto a quienes ejercen funciones públicas como a todo habitante de la sociedad, “a seguir trabajando cada día en la lucha de evitar cada forma de violencia y discriminación” contra la población LGBTIQ+.

”Hoy, 19 de marzo, fecha en la que comienza la Semana de la Visibilidad Trans, el Estado colombiano lamenta profundamente estos hechos”, destacando que el caso de Raiza “es solo uno de tantos que las personas trans, “que lamentablemente, pasan en nuestro país”.

El director encargado calificó la violencia sufrida con Raiza como “doble”, debido a que no pasó por la discriminación propia de una persona trans, sino que fue afectada por el conflicto armado. “Pido perdón a Raiza Isabela Salazar por la falta de acceso a la justicia y los perjuicios ocasionados a raíz de esta”, dijo.

”Nuestra sociedad no puede seguir conservando y normalizando prejuicios y castigos frente a aquellas identidades, expresiones, comportamientos o cuerpos que difieren de los roles tradicionales de hombre o mujer”, remachó John Camargo.

Para Santamaría, el caso de Raiza es una muestra de “prácticas de hostigamiento que intentan desplazarnos (a las personas trans) de los lugares que habitamos”, que luego se mezclan con burocracia, acciones y omisiones con las que el Estado no garantiza la reparación o la no repetición, como destaca, en diálogo con Colprensa, Renata Vivas.

”Las violencias de las que somos objeto se despolitizan y se les intentan reducir a sus mínimas expresiones jurídicas. Entonces, una tentativa de transfeminicidio en el marco del conflicto armado es abordado por las autoridades como una banalidad”, advierte Déborah Skenassy, quien sostiene que existe un “espíritu macabro” en la institucionalidad.

Para Déborah, el acontecimiento es “un acto político de resistencia y de propuestas hacia las respuestas que el Estado tiene que dar en materia de obligaciones de derechos humanos para con nosotras”. Para Renata, es un conato de que “nuestra enorme capacidad de resistir nos ha llevado más allá” de meros hechos victimizantes.