Lo último | Encuentran restos de magistrado muerto durante toma del Palacio de Justicia, en tumba de escolta

Jaime Benítez Prieto, quien se desempeñaba como escolta de Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia, murió en la toma y retoma del Palacio de Justicia, hecho ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985, donde también murió Reyes Echandía, además de cientos de personas, entre empleados de la institución, magistrados y visitantes.

Por más de 30 años, los familiares de Benítez Prieto, que ostentaba el rango de sargento viceprimero de la Policía Nacional, rindieron honores a la tumba que contenía los restos de otra persona, puesto que tras una investigación del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y la Fiscalía General de la Nación, se descubrió que en realidad se trataba de los restos de un magistrado muerto en el mismo hecho, Alfonso Patiño Rosselli, de quien hasta ahora no se conocía su paradero.

De acuerdo con el Colectivo de Abogados, en una maniobra cruel, los restos de Jaime Benítez Prieto habían sido identificados erróneamente y entregados así a la familia.

Ante esta revelación, el abogado Eduardo Carreño Wilches, fundador del Cajar, expresó que “este manejo irregular, dado por la Justicia Penal Militar y por la fuerza pública, es ilegítimo, ilegal y de una maldad superior, es decir, engañar a los familiares. Concluimos que la escena del crimen fue totalmente adulterada; luego de que termina la acción, concentran los cuerpos en el cuarto piso, los incineran y después entregan los restos al azar a los familiares y en el proceso se ha demostrado que hay casos en los cuales en una fosa se concentran partes de 6 o 7 cadáveres”.

Por solicitud de Cajar, la Fiscalía abrió una investigación en la que se comprobó que había irregularidades en el acta de levantamiento y en la necropsia de los restos, lo que llevó a una exhumación en la tumba de Benítez Prieto, que fue coordinada con sus familiares.

Luego los restos fueron analizados. “Al hacer la prueba de ADN, se constata que no corresponde al sargento Benítez, pues no existía correspondencia con las muestras entregadas por los hijos de la víctima”, informó Cajar en un comunicado.

Cabe recordar que hace casi 39 años, un grupo de guerrilleros del M-19 ingresó al Palacio de Justicia con la intención de hacer un juicio político al presidente de Colombia, en ese entonces, Belisario Betancur. Para ello, retuvieron a todas las personas que se encontraban en el lugar, incluidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Al día siguiente, el Ejército Nacional ejecutó un operativo de retoma no negociada, en la que, según algunos informes, murieron más de 100 personas, entre civiles y guerrilleros, y resultaron 11 desaparecidos, incluyendo magistrados y civiles que fueron vistos saliendo vivos del edificio.

Años después, gracias a las investigaciones de familiares de víctimas y organizaciones civiles, se logró responsabilizar a algunos altos mandos militares que dirigieron la brutal operación de retoma del Palacio de Justicia. Entre ellos, el coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega, condenado a 30 años de prisión por desaparición y que luego fue absuelto. También el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, condenado a 35 años de cárcel por la desaparición de cinco civiles.

En el caso de Arias Cabrales, se determinó que actuó como comandante de la Brigada XIII (Bogotá), liderando el denominado operativo militar “plan tricolor” que buscaba, según su dicho, establecer el orden y recuperar a los rehenes del M-19.

En enero de este año, el Gobierno Nacional ordenó retirar todas las condecoraciones que recibió el general Arias Cabrales. La decisión se fundamenta en el Decreto 1070 de 2015, el cual establece la pérdida del derecho al uso de condecoraciones para militares condenados por delitos realizados con dolo, es decir, intención de causar daño.