Lo último: exrepresentante Argenis Velásquez, trató de evitar la justicia con sobornos en el ‘cartel de la toga’

Argenis Velásquez, exrepresentante a la Cámara, fue uno de los nombres más sonados cuando explotó el escándalo de los sobornos pagados a magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte de legisladores investigados por el alto tribunal. Este episodio es conocido como el ‘cartel de la toga’.

Velásquez fue hallada responsable del delito de cohecho por dar u ofrecer con circunstancias de mayor punibilidad y por ende se ordenó la captura en su contra, con el propósito de que su cumpla la pena en establecimiento carcelario.

La Fiscalía General de la Nación demostró en 2015 que la ahora condenada; por medio del abogado Gustavo Moreno, acordó pagarle 200 millones de pesos al entonces magistrado auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia, Camilo Andrés Ruiz, el cual solo recibió un total de 130 millones. Este pago tenía como objetivo dilatar el proceso penal por posibles hechos de corrupción en los que habría incurrido Velásquez cuando se desempeñaba como alcaldesa del municipio de Orito.

La excongresista se convirtió en una pieza clave dentro del ‘cartel de la toga’. Velásquez fue mencionada por el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, quien también fue condenado por este caso y entregó un mapa de la corrupción que se realizó en su despacho en donde pactaba los millonarios sobornos.

Moreno en su momento contó que los con Argenis Velásquez no fueron iguales a los de Álvaro Ashton o Musa Besaile, quienes desde un inicio eran identificados como graves implicados por la gran cantidad de evidencias en su contra.

De acuerdo con la Revista Semana, la excongresista inició con un pacto de honorarios de 380 millones de pesos, no obstante, las pruebas lo habrían hecho cada vez más complejos, motivo por el cual el entonces magistrado Francisco Ricaurte, también condenado por este caso, solicitó una reestructuración.

El proceso penal en su contra, estaba relacionado con el cobro indebido de una comisión a una EPS cuando se desempeñaba como alcaldesa de Orito, Putumayo.

Moreno indicó que Velásquez habría recibido parte de los dineros, razón por la cual el caso era complejo, ya que para ese momento quienes estaba involucrados todos se encontraban presos, menos ella. En los procesos aparece gente con principio de oportunidad que señaló que la excongresista era responsable por delito de peculado.

“En este caso estaba lista la captura, había prueba para ello. Francisco me dice que si no reestructuramos la capturan. Entonces hicimos lo mismo, demorar, dilatar, practicar unas pruebas para buscar que le resolvieran sin detención”, manifestó Moreno a la Corte.

De acuerdo con el exfiscal para frenar la captura y reestructurar el proceso penal, tuvieron que hablar con el exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz, con el propósito de que les ayudara a no proyectar una detención. “Yo sabía que Camilo y Francisco habían trabajado juntos, pero no tenían relación íntima, de hecho, cuando quería que tuviera acercamientos me lo decía. Solo fue en esos dos casos (Argenis Velásquez y Nilton Córdoba)”.

Moreno también habría intentado intervenir con el argumento de que ella era una congresista nueva. No obstante, el exfiscal dice que ella se retira porque no puede pagar los honorarios. “Francisco pretendía cobrarle honorarios de 1.000 o de 800 millones”, aseveró.

Este caso y el de Nilton Manyoma habrían despertado la incomodidad de Ricaurte, que de acuerdo con Moreno, este creía que Camilo Ruiz tenía que trabajar para ellos sin cobros adicionales, debido a que quienes lo sostenían en su cargo eran precisamente él y el exmagistrado Gustavo Malo. Esto habría sido la razón principal de sus retiro de la corte en marzo de 2017.

“Argenis Velásquez conocía que estaba entregando dinero a un funcionario público con la finalidad de que se retardara la actuación que en su contra se adelantaba y quiso hacerlo”, indicó.

Ante las evidencias, Velásquez se enfrenta a una pena de hasta siete años de prisión por el delito de cohecho para dar u ofrecer.