Lo último: Alcalde de Cartagena, William Dau, fue sancionado por decirles “malandrines”, “corruptos” y “nido de ratas” a directivos de universidad

La Procuraduría General de la Nación informó que el mandatario de Cartagena, William Dau, fue sancionado con 4 meses, debido a los ataques verbales que lanzó en contra de las directivas de la Universidad de Cartagena.

Según el ente de control, los hechos se dieron durante el 2020, en un hecho en el que el Dau se refirió a los directivos de la ya mencionada institución universitaria como un “nido de ratas”, “corruptos” y “malandrines”.

Los hechos por los cuales el mandatario fue sancionado ocurrieron el pasado 31 de julio de 2020, cuando Dau habló con algunos medios de comunicación locales y reprochó las prácticas de la universidad en medio de la elección del contralor distrital.

“Al parecer, el mandatario el 31 de julio de 2020, a través de medios de comunicación locales, se refirió a los dirigentes en términos desobligantes e irrespetuosos, en el marco de la problemática ocasionada por la elección del contralor distrital de esta ciudad”, dijo el ente de control al momento de abrir el proceso en contra del mandatario.

Se debe recordar que en ese momento el alcalde de Cartagena pidió disculpas públicas de lo sucedido, pero aún así la Procuraduría recalcó que las palabras de Dau pusieron en tela de juicio la rectitud de las directivas de la universidad y “pudo afectarles su dignidad humana e integridad”.

“Me permito precisar que los escándalos públicos de corrupción en los que se han visto envueltos algunos directivos de la Universidad de Cartagena no me autorizan al momento de expresar mi opinión, a utilizar de forma general la afirmación y calificativos que usé en una publicación hecha el pasado 31 de julio de 2020, en la cual me referí a dicho personal directivo de la universidad como ‘un nido de ratas corruptas’, por lo tanto, elevo excusas por la forma en la que me expresé en la mencionada oportunidad”, comentó en su momento William Dau por medio de un comunicado.

La decisión, según la Procuraduría, fue tomada en primera instancia, y hace que el mandatario deba apartarse del cargo por 4 meses, es decir casi la totalidad de lo que queda de su Administración.

No obstante, la defensa del mandatario decidió apelar esta decisión, lo que quiere decir que va a iniciar un proceso de revisión.

Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, también fue llamado por la Procuraduría

Este ente de control formuló cargos contra el mandatario por presuntas irregularidades en la realización de la Feria de Cali “virtual” del año 2020.

“De acuerdo con la investigación, al parecer el convenio firmado entre la ciudad y Corfecali para su organización se habría firmado por 11.955 millones de pesos, sin contar con estudios previos integrales, serios y suficientes que justificaran ese valor, pues fue fijado a partir de una indexación de costos de los tres años anteriores, sin tener en cuenta que en 2020 los eventos se realizarían de forma virtual por la pandemia de covid-19″, comentó la Procuraduría.

Asimismo, otro de los funcionarios que resultó salpicado es José Darwin Lenis, quien es esa época fungía como secretario de Cultura.

“Para el Ministerio Público, la administración municipal tenía el deber de incluir en los estudios previos la forma cómo se calcularon los precios de los eventos a realizar, cosa que en este caso no aconteció, pues como ha quedado evidenciado, tan solo se hizo referencia a la información histórica bajo presupuestos que no eran aplicables para realizar una feria virtual”, agregó la Procuraduría.

El órgano de control señaló que en este caso, el alcalde Ospina pudo incurrir en una omisión de sus funciones de control, vigilancia y supervisión de los convenios sobre la Feria de Cali, la cual estaba en manos de Lenis.

“No le habría advertido sobre los cambios contractuales que implicaba la organización de la Feria, no le requirió informe alguno sobre la metodología para fijar los costos y tampoco le pidió una explicación por la inclusión de aspectos que eran propios de eventos presenciales”, argumentó la Procuraduría.