Los escándalos que tienen en el limbo al Fiscal General

El 11 de julio de 2016 Néstor Humberto Martínez fue elegido por la Corte Suprema de Justicia como Fiscal General de la Nación. Desde entonces su nombre no ha dejado de estar envuelto en polémicas.

Incluso, previo a su elección se cuestionó que estuviera en la terna porque además de que acababa de dejar el Ministerio de la Presidencia, creado por el expresidente Juan Manuel Santos, tenía en su haber la defensa jurídica de varios de los grandes conglomerados económicos del país, entre ellos la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo.

Justo esa relación es la que ahora lo tiene en el ojo del huracán: Jorge Enrique Pizano, testigo en el caso Odebrecht fallecido la semana pasada, dejó entrevistas y documentos en los que se probaría que Martínez tenía conocimiento de los enredos de esos conglomerados con la constructora brasileña desde 2015.

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Cuando Néstor Humberto Martínez llegó a la Fiscalía General de la Nación, en el continente empezaba a destaparse el escándalo de supuestos sobornos de la constructora, que permeó más de diez países en Latinoamerica y que ha tumbado ministros, fiscales y llevado a la cárcel a contratistas y destituyó presidentes, como en el caso de Perú.

Entonces, las polémicas del Fiscal General comenzaron por ahí. El primer salpicado fue el exsenador Otto Bula Bula, que ahora está preso y, luego se habló de la infiltración de dineros ilegales de la compañía brasilera a la campaña presidencial de 2014, que finalmente quedó solo en titulares de prensa.

Las actuaciones del Fiscal también tocaron a los directivos del Partido Farc por temas como la entrega de bienes por parte de esta exguerrilla para reparar a las víctimas del conflicto armado, la captura de ‘Jesús Santrich’ por presuntos vínculos con el narcotráfico. También se le cuestiona su injerencia en asuntos propios de la Justicia Especial de Paz y la captura de supuestos testaferros de Farc.

“Lo único que ha hecho la Fiscalía es un falso positivo, quitarnos los bienes, nos dejaron en la quiebra, en la ruina”, dijo en agosto pasado Uriel Mora Urrea, uno de los supuestos testaferros. Y por eso tienen demandando al Estado.

Incluso, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado informó que desde noviembre de 2016 a junio de 2018 se han admitido un total de 1924 demandas por “privación injusta de la libertad”. Las pretensiones de las supuestas víctimas están alrededor de dos billones de pesos.

Pero los escándalos no se han quedado enmarcados en la situación de los integrantes de Farc. Justo antes de la segunda vuelta presidencial, el Fiscal General de la Nación también revolucionó el país al salir a decir ante los medios de comunicación que había una “corrupción nauseabunda”, al referirse a una red de compra y venta de votos que involucraba a más de dos mil personas, incluyendo congresistas.

Días después cayeron funcionarios de bajo nivel y la única senadora que no pudo posesionarse por estar inmersa en la compra de votos fue Aida Merlano.

“El país va a quedar escandalizado cuando se conozca y no lo haré sino después de segunda vuelta (presidencial), para que no digan que estoy interviniendo en política. La dimensión de la corrupción electoral es nauseabunda”, aseguró el jefe del Ente investigador en su momento. Sin embargo, sus advertencias nunca se materializaron en acciones judiciales.

Los escándalos judiciales en Colombia no solo son promovidos por el Fiscal General de la Nación. Ahora y desde hace una semana él es el protagonista: Al parecer desde hace tres años sabía de las irregularidades en la contratación de obras de infraestructura en el país con Odebrecht.

Juan Carlos Gómez, profesor de comunicación política de la Universidad de La Sabana, explica que la Fiscalía tiene dos funciones básicas: una, investigar y la otra, acusar. Y para él, las dos tienen que estar desligadas del espacio público.

“Uno entendería, por lo menos, desde la teoría, que las funciones de fiscalización deben ser sigilosas, metódicas, alejadas del escándalo público porque eso entorpece el proceso de investigación penal”, dice el analista.

Agrega que Martínez con frases altisonantes generan discusiones públicas que le dan mucha visibilidad a esa institución y “creo que es lo que menos debería hacer la Fiscalía”.

Pero para el exfiscal Alfonso Valdivieso en el Gobierno de Samper, la labor de Néstor Humberto Martínez es “excelente”. A su juicio el Fiscal ha demostrado características “muy importantes de la justicia” que están relacionadas con la eficiencia porque ahora hay procesos mucho más ágiles, con mejores resultados.

Admite que ha habido controversias y la actual hace parte de un “episodio de difícil manejo por lo que se presentó esta situación relacionada con unas tragedias humanas”.

Sin embargo, Valdivieso considera que Martínez ha dado unas explicaciones que “son absolutamente razonables y desde luego, aprecio sus opiniones en la manera como explica que él no tuvo intención de ocultar nada con el caso Odebrecht”.

Dice que el Fiscal no debe renunciar, pero deja abierta la posibilidad de que nombren fiscal ad hoc.

El exvicefiscal Guillermo Mendoza Diago, en el primer Gobierno Santos, considera que no hay fundamentos para pedir la renuncia de Martínez porque hay delitos que los particulares no están en obligación de denunciar.

“Los delitos de narcotráfico, lavado de activos, testaferrato, desaparición forzada y homicidio son los que los particulares tienen que denunciar. Entonces, si la persona omite la denuncia, puede recibir una pena de prisión que va desde tres hasta ocho años”, explicó Mendoza Diago.

Sin embargo, la tesis de Martínez, en el sentido de que como particular no estaba en obligación de denunciar, va en contravía de uno de sus programas bandera: la estrategia Bolsillos de Cristal, con la que se busca, entre otras bondades, que la ciudadanía denuncie casos de corrupción.

Las pesquisas en el caso Odebrecht las lideró la vicefiscal María Paulina Riveros, debido a que Néstor Humberto Martínez se declaró impedido. Pero Riveros fue recusada el viernes por la Red de Veedurías Ciudadanas.

Pablo Bustos, presidente de esa Red, expuso que “el objetivo es velar por las garantías y parcialidad de la autoridad judicial” y por eso pidieron la designación de “un fiscal ad hoc neutro. Una persona que tenga la imparcialidad e independencia, y carezca de cercanía directa con el Fiscal General”.

Para Bustos, además, debería crearse una comisión de la verdad para el complejo caso de la firma brasileña, con el fin de que el país tenga garantías. Pero la fiscal ad-hoc negó tal recurso y le pidió a la Corte Suprema de Justicia que “estudie la viabilidad de designar uno con el ánimo de continuar aplicando un estricto marco de transparencia y absoluto rigor en la administración de justicia, para desvirtuar conjeturas y cuestionamientos”.

Mientras tanto, día tras día se destapan nuevas conversaciones que enlodan el nombre de un Fiscal reconocido por su alta exposición mediática.

En medio del escándalo que envuelve al Fiscal, se conoció que Alejandro, el hijo de Jorge Pizano, murió envenenado con cianuro en la casa de su padre, fallecido 3 días antes.

El jueves 8 de noviembre falleció de un infarto el ingeniero Jorge Enrique Pizano, auditor de la Concesionaria Ruta del Sol, ligada a los supuestos sobornos de la constructora Odebrecht. Tres días después murió su hijo Alejandro.

El domingo 11, Noticias Uno publicó apartes de una entrevista que había dado Jorge Enrique Pizano a un periodista, con la orientación de que solo sería publicada en caso de que muriera (debido al cáncer que lo aquejaba) o si salía del país protegido.

Durante ese diálogo, Pizano reveló conversaciones de 2015 con el Fiscal, que en ese momento era aesor del Grupo Aval. Allí le mostraba documentos que permitirían destapar la supuesta corrupción en la contratación pública en el país.

El miércoles 14, el fiscal en una entrevista a Caracol aseguró que no había certeza de que según esos documentos se hubiera consolidado un delito.

El pasado viernes, El Espectador reveló una conversación entre el Fiscal y Pizano en la que el jefe del ente acusador exponía claramente más de cinco delitos que la investigación hecha por Pizano habría develado.
Horas después, Martínez pidió que se conozcan las grabaciones completas y mantuvo su defensa.

Soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto agravado, peculado por apropiación son los delitos que menciona el Fiscal General en las grabaciones.