Madres privadas de la libertad saldrán de la cárcel, así funciona el proyecto

La Ley, que fue sancionada por el presidente Gustavo Petro en marzo y reglamentada por el Ministerio de Justicia recientemente, permite a madres cabeza de familia privadas de la libertad pagar su condena haciendo trabajo comunitario. Es histórica por ser la primera que contempla el servicio público de impacto social como alternativa para cumplir la pena de prisión.

Actualmente, el Ministerio y organizaciones no gubernamentales, como la Corporación Mujeres Libres, realizan pedagogía al respecto, y se espera que en los próximos días, cuando las mujeres reclusas tengan más claros los requisitos, puedan realizar las solicitudes pertinentes para que la justicia evalúe quiénes pueden salir de prisión.

Osuna indicó que el 42% de las mujeres privadas de la libertad son cabeza de hogar y fueron condenadas en condiciones de marginalidad. En ese sentido, la nueva normatividad busca que ese grupo, que podría ser de hasta siete mil mujeres, pueda tener una alternativa a la cárcel que les permita reencontrarse con sus familias.

“El programa consiste en que ellas pueden salir de la cárcel, por supuesto, previa valoración judicial, una a una, de su situación, y pagar la pena mediante labores de utilidad pública”, indicó Osuna.

Tanto el ministro Osuna como el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña, y el director de Política Criminal y Penitenciaria, Diego Olarte, consideran que la ley marca un hito en el país y en la manera en la que el Estado responde a los crímenes y a las prisiones.

Se trata de una norma que, según el jefe de la cartera de Justicia, llega a “una sociedad que es consciente de que los delitos se generan por las contradicciones, las injusticias y las violencias que hay dentro de sí misma; por la enorme desigualdad, por la enorme desprotección estatal”.

El viceministro Umaña explicó que la ley fue aprobada por el Congreso antes de que Gustavo Petro llegara a la Presidencia. El entonces mandatario, Iván Duque, la objetó luego de que completó su trámite por el Congreso. Sin embargo, la Corte Constitucional dijo que no era inconstitucional ni inconveniente, así que se la regresó para que la firme y divulgue.

Duque, de acuerdo con Umaña, no quiso. No obstante, cuando el gobierno Petro llegó a la Casa de Nariño, y Néstor Osuna llegó a su gabinete, una de sus prioridades fue desarchivarla, sancionarla y reglamentarla en algunos aspectos técnicos. A partir de ello, nacieron la Ley 2292 y el Decreto 1451.

Osuna dijo en el evento de este jueves que espera que esta sea la “experiencia inicial de un cambio en la política penal y penitenciaria del país”. El paso siguiente, de acuerdo con lo que le explicó a Colprensa, “es el proyecto de ley de humanización del sistema penitenciario, que ya se presentó en la legislatura pasada, que está listo para iniciar de nuevo su trámite en el Congreso de la República”.

La meta de Osuna es que se pueda “lograr cambiar el chip cultural de la sociedad, que piensa que el castigo cruel en una cárcel repara y restablece, por uno en el que sea, más bien, la verdadera reparación a la víctima, la reconciliación con la sociedad, la cesación en la actividad dañina la que permita que se haga justicia”.

¿En qué consiste el servicio público al que las madres cabeza de hogar privadas de la libertad pueden acceder?

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, le explicó a Colprensa algunos puntos referentes a la Ley 2292 y el Decreto 1451.

Osuna planteó que la principal característica de las nuevas normas es que va en beneficio de las mujeres condenadas a penas de prisión por delitos menores, o delitos relacionados con drogas, en condición de marginalidad. Ellas “van a salir de la cárcel y van a pagar la pena con labores de utilidad pública”.

A partir de esas labores no obtendrán propiamente una remuneración, pero se les pagará la ARL. “Está pensado que esa mujer destine cinco horas a la semana para ir pagando su pena”, explicó el ministro, quien añadió: “por cada cinco horas de trabajo redime una semana de cárcel”.

Fuera de esas cinco horas, el resto de la semana, “necesitamos conseguirle un trabajo ordinario, remunerado” para que la política carcelaria, de resocialización y de ejecución de servicios de utilidad pública funcione, con el fin de que se sigan fortaleciendo sus relaciones familiares y laborales.

“Si puede sacar ocho horas a la semana, entonces redime dos semanas, pero la idea es que sean cuatro, para que tenga todo el resto de la semana para trabajar, para estar con su familia y atender a sus niños”, anotó Osuna.

De manera simbólica, tres organizaciones firmaron un convenio con el Ministerio de Justicia para ofrecer las primeras 1400 vacantes a las que las mujeres cabeza de familia podrán acceder luego de que los jueces valoren su situación.

Una de ellas fue Acción Interna, de Johana Bahamón, que no solo selló su compromiso con un acto en el papel, sino con un abrazo al ministro Osuna y permanente acompañamiento a las mujeres que realizaron un acto cultural en medio de la presentación de las normas.

La cartilla de utilidad pública

Dejusticia y la Corporación Mujeres Libres, entre otras organizaciones, venían pidiendo una ley como la 2292 desde hace al menos ocho años. “La ley y su decreto reglamentario reconoce las condiciones diferenciadas de marginalidad que sufren las mujeres privadas de la libertad, así como la importancia de su rol de cuidado activo y de jefatura del hogar”, señalan las oenegés, que consideran que la norma es “un logro significativo en nuestro ordenamiento jurídico”.

Por eso, publicaron una cartilla, que puede ser descargada y compartida desde su página web, y que repartieron en el Museo Nacional, que explica cuáles son los delitos, qué documentación se necesita, qué instituciones u organizaciones facilitan vacantes y qué pautas se deben seguir como paso a paso para postularse a las ventajas que ofrecen la Ley de Utilidad Pública y su reciente acto administrativo.

El documento, que ya está disponible en un lenguaje claro para que madres que quieran acceder a los beneficios puedan consultarlo, explica que la prestación del servicio de utilidad pública debe cumplirse con un mínimo de cinco horas semanales y un máximo de veinte horas.

Además, “la prestación del servicio de utilidad pública no podrá interferir con la jornada laboral o educativa de la mujer beneficiaria”, señala el texto en su página 24.

En cuanto a los requisitos, la mujer cabeza de hogar podrá verificar un listado completo de los delitos con los que pueden acceder a los beneficios. Asimismo, podrá examinar cuáles son los documentos que podrían acreditar su condición de cabeza de familia y de vulnerabilidad que sirvió como contexto para cometer la conducta por la que fue condenada.

Así, encontrará aspectos clave que deben tener los documentos con los que realizará la solicitud de acogerse al plan de utilidad pública, como los lugares en los que puede prestar el servicio, el horario que desea y las actividades que realizará.