Más de 700 familias indígenas de Totoró, atrapadas por la guerra entre grupos armados ilegales

Con los combates que se registraron entre el Ejército y las disidencias de las Farc en la zona rural del municipio de Totoró, Cauca, se comprueba aún más la realidad de la reactivación del conflicto en el oriente del departamento.

A raíz de esta situación, y de acuerdo con líderes indígenas y campesinos de la zona, las comunidades quedan en medio de las confrontaciones entre las disidencias de las Farc, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN y la fuerza pública.

“Estos grupos delincuenciales se disputan a muerte las zonas rurales de los municipios de Silvia, Totoró, Inzá y Páez-Belalcázar, por eso lo que hicieron los elenos fue crear el frente Juan Carlos Chilhueso Pazú para cumplir el objetivo de sacar de estas poblaciones a los integrantes de la Dagoberto Ramos de las Farc, quienes son los actores dominantes, por eso que se representan reiteradamente esos choque armados”, explicaron integrantes del área de inteligencia de Ejército.

A raíz de esta situación, y al ver que los ametrallamientos se registran en medio de las viviendas de los comuneros y labriegos, organizaciones sociales alertan de la situación a la hora de pedir acompañamiento de entidades humanitarias internacionales para detener la confrontación.

El llamado no es para menos. En Totoró ya se registra el desplazamiento de indígenas así como el confinamiento de más de 700 familias comuneras, las cuales están temerosas de que registren nuevos choques armados.

“La restricción de la movilidad de nuestra comunidad en la parte alta, provocada por estos enfrentamientos, constituye una violación flagrante de nuestros derechos fundamentales. Estos actos de violencia no solo vulneran nuestra seguridad, sino que también amenazan la continuidad de nuestro proceso de gobierno propio, al socavar la paz y la estabilidad que hemos defendido por generaciones”, integrantes del resguardo de Totoró, ubicado en este municipio.

Mientras tanto el representante a la Cámara, Ermes Pete, también alertó del peligro que enfrentas estas comunidades al momento de ejercer control en sus territorios, buscando expulsar a los actores armados.

“La restricción de movilidad, los daños a viviendas y cultivos, y la destrucción de la reserva de Monte Redondo agravan aún más esta situación, violando gravemente nuestros derechos territoriales y humanitarios”, denunció el líder político, a través de su cuenta en la red social X.

Este mismo panorama se registra en poblaciones como Inzá y Paéz-Belalcázar, donde estas facciones armadas se enfrentan a muerte por controlar las veredas y corregimientos de esta zona del oriente del Cauca, ya que representa un corredor que permite la movilidad de marihuana y cocaína desde el suroccidente hacia el centro del país.