EJÉRCITO NACIONAL
Mindefensa dice que si hay responsables de las 'chuzadas', deberán responder ante la justicia
El ministro Carlos Holmes Trujillo, al igual que lo dicho por el presidente Iván Duque desde Bojayá, señaló que no hay cabida a actos por fuera de la ley por parte de miembros de la Fuerza Pública.
Según el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en caso de que se compruebe que miembros de la Fuerza Pública tengan alguna participación en las interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas y congresistas "tendrán que responder de manera individual", ante la justicia.
Así se refirió el jefe de la cartera a las denuncias conocidas en la mañana del sábado por parte de la revista Semana que publicó en el reportaje 'Chuzadas sin cuartel' en el que hace referencia a los seguimientos ilegales que, al parecer, cometen miembros activos y de reserva de las fuerzas militares desde varias salas cibernéticas ubicadas en cantones militares.
Trujillo, al igual que lo dicho por el presidente Iván Duque desde Bojayá, señaló que no hay cabida a actos por fuera de la ley por parte de miembros de la Fuerza Pública.
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En su intervención manifestó que “el 12 de diciembre del año pasado solicité el adelantamiento de una auditoría a las actividades de inteligencia y contrainteligencia que se han venido efectuando durante los últimos 10 años”.
Supuestamente, esa petición se hizo con el fin de obtener información de los planes, programas procesos, procedimientos y proyectos de todos los niveles de esa organización en las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Trujillo, sin embargo, no precisó a quién le encargó dicha auditoría ni si ya tiene informes al respecto.
En el comunicado aseguró que ya se iniciaron las “investigaciones internas correspondientes” y que las mismas “contarán con apoyo del Ministerio”.
Sobre las condiciones de seguridad y los mensajes intimidatorios a algunos de los periodistas de la revista y que fueron denunciados en la publicación. Trujillo no hizo referencia alguna, pero a cambio pidió que los funcionarios y militares que han sido cuestionados se les respete la “presunción de inocencia y el debido proceso”.
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