Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, fija límite en negociaciones y critica a camioneros

Desde este miércoles 4 de septiembre las carreteras de Colombia están colapsadas por el paro de camioneros, quienes exigen que no aumente, de manera desproporcional el Diésel, y quienes además han informado que no levantarán el paro hasta el presidente se siente a negociar de nuevo con ellos y logren llegar a un acuerdo.

Sin embargo, este jueves, 5 de septiembre, la Casa de Nariño respondió por medio del el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que “el gobierno ya llegó a su límite de negociación con el gremio de transportadores”. Además, en su discurso el funcionario explicó que el gobierno del Pacto Histórico ha cedido a las negociaciones, bajando de $6.000 a $1.904; no obstante esta idea no fue aceptada por los camioneros así que el Ejecutivo presentó como propuesta final que el aumento fuera de $800, la cual tampoco fue aceptada.

“No que se hagan efectivos de manera inmediata, sino que se van a hacer efectivos en cuatro meses hasta diciembre de este año y seguimos dispuestos a la conversación para que nos digan esos 800 pesos cómo se aumentan durante estos cuatro meses”.

En su intervención, Cristo resaltó que el gobierno respeta el derecho a la propuesta, pero instó a los transportadores a aceptar la propuesta y reiteró la disposición del Gobierno a seguir dialogando sobre cómo se aplicarán los $800 durante el período restante del año, y a respetar el derecho de movilidad de los demás colombianos.

“Le pedimos a los camioneros quienes han avanzado en lo que estaban buscando, con una movilización pacífica que es lo que respeta el Gobierno nacional con una protesta que nosotros no desconocemos sus razones, pero que lo que no pueden seguir haciendo los camioneros es afectar los derechos de la inmensa mayoría de los colombianos a su movilidad, a su alimentación, a su salud, a su educación”.

Esta tarde el mismo Cristo criticó el bloqueo de vías que está afectando el paso de alimentos, medicamentos e insumos esenciales, lo que vulnera los derechos fundamentales de los colombianos y exigió la habilitación inmediata de corredores humanitarios para mitigar el impacto en la salud, educación y movilidad.