MOE Colombia cuestiona resultados electorales y situación de derechos humanos en Venezuela

La Misión de Observación Electoral (MOE) Colombia manifestó su preocupación por la situación política, social y de derechos humanos en Venezuela, justo antes de la posesión de Nicolás Maduro, prevista para el 10 de enero. Según la organización, la falta de transparencia en las elecciones del pasado 28 de julio cuestiona la legitimidad del proceso.

De acuerdo con la organización, no se han presentado ni hecho públicas las pruebas necesarias para verificar los resultados del proceso electoral. “La falta de acceso a las actas originales y verificables impide reconocer con plena legitimidad los resultados electorales anunciados por las autoridades venezolanas”, señaló la entidad en un comunicado.

Además de cuestionar el proceso electoral, la MOE hizo un llamado de atención sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, destacando los ataques directos contra las libertades civiles y políticas, por lo que, rechaza “enfáticamente los hostigamientos, las detenciones y las desapariciones de líderes de la oposición y sus familiares”, afirmó la entidad, refiriéndose específicamente a los casos de María Corina Machado y del excandidato presidencial Enrique Márquez.

Alejandra Barrios Cabrera, directora nacional de la MOE, enfatizó que la violencia no puede ser una herramienta para resolver conflictos electorales. “Son inaceptables la violencia y el uso de la fuerza como mecanismos para resolver conflictos electorales. Estos deben ser dirimidos con apego a la transparencia y el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía, particularmente de quienes ejercen oposición política”, declaró.

La MOE también hizo un llamado a la comunidad internacional para que mantenga su atención sobre la crisis en Venezuela, exigiendo garantías para los derechos fundamentales de sus ciudadanos y el respeto por la democracia.

El pronunciamiento de la MOE resalta la creciente preocupación global por la situación en Venezuela, en un contexto marcado por cuestionamientos a la legitimidad del gobierno, inclusive la CIDH se pronunció frente a las denuncias de persecución política.