“No compartimos esa decisión”: gobernador de Antioquia sobre el cierre de Medicina Legal en el Bajo Cauca por amenazas

Persiste la preocupación entre las autoridades de Antioquia, luego de que en las últimas horas se conoció un comunicado, por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que anunciaron que la entidad no continuaría prestando sus servicios en la sede ubicada en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca del departamento.

Según manifestaron inicialmente en la carta y posteriormente explicó a Blu Radio el director general de la Regional Noroccidente, Quebin Fabián Mejía Muñoz, todo obedecería a mensajes intimidatorios que recibieron algunos funcionarios de esta entidad.

De acuerdo con Mejía, hombres que se movilizaban en motocicletas increparon a algunos integrantes de la planta administrativa de esta sede y les manifestaron que “no querían que Medicina Legal estuviera en Caucasia”.

Aunque el director de la Regional señaló que los funcionarios ya fueron reubicados en otras sedes por motivos de seguridad, el cierre de esta institución ha generado reacciones en autoridades departamentales como el gobernador Aníbal Gaviria.

El mandatario seccional fue enfático en rechazar estas intimidaciones al personal de la institución, pero además dejó en claro que son decisiones que están por fuera de la potestad de la Gobernación.

“La institucionalidad es una, pero las decisiones son independientes y autónomas. No compartimos esa decisión, pero vamos a buscar con Medicina Legal que se restablezca la presencia allí, ofreciéndoles todo el respaldo y buscando con los demás organismos del Estado, que se le brinde esa seguridad a la institución”, declaró Gaviria.

El cierre de esta sede del Instituto, según explicó el mismo gobernador, genera dificultades no solo para localidades de esta subregión de Antioquia, sino para otras cercanas del sur de Córdoba que se ven beneficiadas de la atención en materia de servicios criminalísticos y periciales, que además permiten avanzar en el esclarecimiento y judicialización de hechos violentos en una de las zonas más afectadas por la persistencia del conflicto armado y la presencia de grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc.

“Las autoridades judiciales y administrativas que requieran servicios periciales deberán dirigir su solicitud o comunicarse con la Dirección Seccional Antioquia en Medellín (...) Desde la institución se ratifica el compromiso de aportar a la justicia en favor de la vida”, se lee al final de la carta emitida por la entidad.

Sobre los hechos denunciados por Medicina Legal hasta ahora las autoridades solo cuentan con estas versiones y trabajan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables de las amenazas, situación similar a la presentada en febrero pasado cuando la Fiscalía anunció el cierre de su sede en el municipio de Tarazá, tras presentarse el secuestro de tres fiscales y la funcionaria de un juzgado por parte de 12 hombres fuertemente armados.

“No podemos aceptar que se repitan hechos de hace 20 años. No podemos trabajar si no hay garantías de seguridad, llamamos la atención para que trabajemos de forma articulada. No podemos admitir que nuestros funcionarios sean víctimas de ataques y secuestros por parte de grupos armados. Exigimos respeto”, destacó en ese momento el fiscal general, Francisco Barbosa.

Si bien Medicina Legal es considerada una entidad judicial, este tipo de actos atentan contra algunos de sus funcionarios que hacen parte de la misión médica, una de las poblaciones que también padecen las consecuencias del conflicto armado tal y como lo reveló un reciente reporte del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Entre enero y julio de 2023, se presentaron un total de 124 agresiones contra la misión médica en todo el país y en Antioquia se registraron el 6% de los casos. Del gran total, según el CICR, un 38% configuran infracciones al Derecho internacional Humanitario (DIH) al haberse presentado en contextos de conflictos armados donde aplican estas disposiciones.