ONU asegura que violencia en Colombia incrementó de manera "preocupante" en 2021

En Colombia la violencia incrementó en el 2021 a niveles que no se veían desde hace ocho años, así lo confirmó el Informe Anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre la situación en el país.

El informe de las Naciones Unidas ve con preocupación el aumento de la violencia en el último año contra líderes sociales, así como contra pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. "La violencia se utilizó con mayor intensidad para acallar a quienes defienden la tierra y el territorio, los derechos de los pueblos étnicos, el medio ambiente y las víctimas del conflicto", indicó el Informe. 

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Según dijo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, en 2021 su oficina recibió reportes de al menos cien casos de posibles masacres, de las cuales 78 son casos verificados. Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca son los departamentos más afectados por estos hechos.

La Alta Comisionada manifestó que durante el periodo de la pandemia ciertos grupos armados ilegales aprovecharon las restricciones a la movilidad para expandir su presencia y control territorial. Ello explicaría el recrudecimiento de la violencia a cifras que no se registraban desde el año 2014.

"La violencia extrema que usan estos grupos ilegales genera zozobra y desesperanza, estos grupos desconocen a los gobiernos locales y son responsables de desapariciones forzadas, estos grupos amenazan y asesinan a lideres y defensores de derechos humanos, son autores de violencia sexual en las comunidades", indicó Rivero.

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El informe insta al Gobierno Nacional a redoblar esfuerzos para implementar el Acuerdo de Paz a fin de combatir las causas estructurales de la violencia, especialmente en lo que tiene que ver con la Reforma Rural Integral y al capítulo étnico. Este último presenta un rezago importante en su implementación por debajo del 2.4% con base en las metas del Gobierno, señala la ONU.

Así mismo, el informe anual le pide al Estado atender urgentemente la situación de los territorios más afectados por la violencia reforzado la presencia de autoridades civiles, como la Defensoría, la Procuraduría y la Fiscalía. También, pide adoptar una política eficaz para desmantelar los grupos ilegales que ejercen violencia.