ONU expresó su preocupación por el trato que se le da manifestantes en Colombia

Expertos de la Oficina de las Naciones y Unidas y Derechos Humanos (ONU), han solicitado a Colombia dejar la utilización indebida de medidas antiterroristas y la imputación de delitos como terrorismo, contra las personas que participan en protestas contra las políticas del gobierno.

Igualmente, instaron a las autoridades a garantizar que los delitos imputados se ajusten al derecho internacional humanitario, puesto que a su parecer “usar acusaciones atroces para perseguir conductas violentas durante la protesta supone una grave amenaza para la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

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Según el panel de expertos de la ONU, esta solicitud se basa en información recibida que apunta a 228 personas que participaron en las protestas del 2021 y que fueron acusadas de delitos graves, entre ellos terrorismo y conspiración para delinquir, por los que algunas personas se enfrentan a más de 22 años de prisión.

Adicionalmente, Más de 180 manifestantes permanecen en prisión o bajo arresto domiciliario, a pesar de las disposiciones legales que permiten la puesta en libertad de las personas detenidas en relación con las protestas para que puedan esperar su juicio en libertad. Entre los detenidos hay manifestantes pacíficos y jóvenes que presuntamente dañaron bienes públicos y privados y participaron en actos violentos y destructivos.

"Condenamos enérgicamente cualquier tipo de violencia durante las protestas. Aunque reconocemos la responsabilidad del Estado de responder a la violencia, entre otras cosas investigando, previniendo y disuadiendo tales actos, las personas violentas entre manifestantes pacíficos deben ser tratadas con justicia y de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos", afirmaron los expertos.

Además de los procesos judiciales, los expertos expresaron su preocupación por los informes sobre estigmatización y acoso judicial a defensores de los derechos humanos, reporteros y abogados defensores procesados en el contexto de estos procedimientos.

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Aseguraron que las decisiones de procesar, mantener en prisión preventiva, condenar o conceder indemnizaciones por daños y perjuicios a manifestantes deben cumplir los requisitos de necesidad, proporcionalidad y no discriminación establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos.

Y agregaron los expertos que “Las penas de prisión por actividades de protesta no violentas y por el ejercicio de derechos humanos, como la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión, son siempre desproporcionadas y, por tanto, incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos”.