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ONU respaldó nueva directiva de la Fiscalía sobre la protesta pacífica y la investigación de actos violentos que se presenten
La Fiscalía General renovó la directiva que estaba vigente desde el año 2021, cuando ocurrió el paro nacional.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia reconoció este viernes, 20 de septiembre, que la Directiva 0001 de la Fiscalía General de la Nación sobre el derecho a la protesta social pacífica se ajusta a los estándares internacionales y a las recomendaciones presentadas por el organismo al Estado Colombiano.
La directiva destaca a la protesta social pacífica como un derecho fundamental que no debe ser objeto de persecución penal indebida, pues cuenta con protección constitucional y respaldo normativo internacional.
El documento, según la ONU, adopta una visión garantista del derecho a la protesta pacífica, entendiendo la acción penal como último recurso. Reconoce la presunción de licitud de la protesta y, por lo tanto, se investigarán solo los hechos violentos que supongan una grave afectación.
Además, establece que la sola participación en una protesta pacífica no conlleva responsabilidad penal y brinda una protección especial a periodistas y defensores de derechos humanos. Este marco normativo busca evitar la utilización de delitos ambiguos, como terrorismo o concierto para delinquir, en la persecución de actos violentos durante protestas.
La Directiva exige que las investigaciones sean precisas, demandando la individualización de los actores involucrados y la determinación de acciones específicas. De esta manera, se pretende evitar investigaciones basadas en prejuicios o estigmatización.
Adicionalmente, la Directiva incorpora estándares internacionales en la investigación de presuntas violaciones de derechos humanos, enfatizando la necesidad de que sean oportunas, exhaustivas e imparciales. También se refuerza la debida diligencia en casos de violencia sexual y se prioriza la justicia ordinaria sobre la militar.
La Fiscalía, por su parte, abordó las inquietudes de diferentes sectores sobre el manejo de delitos asociados a las protestas sociales, publicando esta directiva que establece criterios claros para la investigación y judicialización de delitos durante movilizaciones.
Esta nueva documento sustituye a la resolución 002 de 2021, implementada en un contexto de protestas sociales y se presenta como un esfuerzo por consolidar un marco legal más claro, evitando la criminalización de la protesta pacífica y garantizando respuestas adecuadas a los delitos que puedan surgir en este contexto.
Con información de Colprensa.
